Amonesta IMAIP ayuntamientos y sindicatos por falta de transparencia

MORELIA, Mich., 21 de julio de 2019.- El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) ha interpuesto 12 amonestaciones públicas en contra de ayuntamientos y sindicatos por información no publicada en el año 2018.

La comisionada presidente del IMAIP, Areli Navarrete Naranjo, dijo que las medidas de apremio no derivaron en multas económicas, ya que los sujetos obligados atendieron de inmediato los requerimientos. “Están conscientes de que es una obligación legal y no un capricho”, apuntó.

Entre los amonestados se encuentran los municipios de Tuxpan, San Lucas, Coalcomán, Senguio, Tanhuato y Yurécuaro; y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM).

Así como también los sindicatos de empleados de los ayuntamientos de Aguililla, Zamora, Tuxpan, Angangueo y el Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (Sidemm).

Navarrete Naranjo informó que hasta el momento 145 sujetos obligados ya subieron su información 2018 a sus portales y a la Plataforma Nacional de Transparencia y que 80 más se encuentran en proceso, misma que ya fue corroborada por el Instituto, con lo que se ha generado más de 12 millones de documentos y datos públicos.

Recordó que para este segundo semestre del año iniciarán con las verificaciones aleatorias, ya que no solo basta con que los sujetos obligados suban la información a la que están obligados, sino que deberá de estar actualizada. “A finales de año tendremos un nuevo resultado”, anunció.

En Michoacán son 276 los sujetos obligados a cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el hecho de recibir recursos públicos y ejercer actos de autoridad, tales como ayuntamientos; los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos y órganos descentralizados.

Las multas que interpone el IMAIP van de 150 hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las cuales deberán ser pagadas por el funcionario público que impidió la publicación de la información y no con fondos públicos.