MORELIA, Mich., 22 de mayo de 2019.- Una veintena de entidades del país, ya resienten los efectos de los recortes presupuestales del gobierno de López Obrador al sector salud.
Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Estado de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla y hasta la Ciudad de México, presentan serias complicaciones en abasto de medicamentos, pago de contratos, y lo más grave, en poder efectuar cirugías de emergencia o brindar las consultas a la población.
No obstante, Michoacán no figura en ese “top 20”; el estado ha resistido el embate contra la salud a nivel nacional debido a la convicción del gobierno de Silvano Aureoles Conejo de poner este sector como eje prioritario.
Desde hace tres años inició una reingeniería para cambiar la grave situación en la que se encontraba el sistema de salud en Michoacán y hacer más eficiente a la dependencia encargada en la materia.
Autoridades estatales han informado que en 2018 se logró cerrar el ejercicio fiscal sin déficit presupuestal, cuando en años anteriores rondaba en los mil 300 millones de pesos; además, con recursos por el orden de los 4 mil 500 millones de pesos se modernizaron y dignificaron espacios de salud, inició la regularización del personal para darle certeza laboral y se recontrató personal que había sido despedido del sistema Próspera.
“En este Gobierno se ha hecho una inversión importante en materia de infraestructura para entregar espacios dignos para darles servicios de salud de calidad a la población y seguimos trabajando para regularizar el sistema de salud en el estado, en beneficio de los usuarios y del propio personal”, dijo Aureoles Conejo.
De acuerdo a información de un medio de circulación nacional, una de las entidades más “golpeadas” por los recortes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es Quintana Roo, donde casi la mitad de los trabajadores de la Secretaría de Salud no serán recontratados, 45 personas ya fueron retiradas de sus funciones y 246 que laboraban bajo el esquema de Prospera, sólo tienen asegurado su trabajo hasta el 31 de diciembre de este año.
El propio personal directivo y de delegaciones como el ISSSTE, calificó de alarmante la situación, sobre todo al ponerse en riesgo la atención a personas en estado crítico, como los trasplantados y quienes necesitan de antirretrovirales.