MORELIA, Mich., 10 de diciembre de 2021.- Entre 45 y 60 mil niños y adolescentes originarios de la región de Tierra Caliente se encuentran en sus localidades, en condiciones de vulnerabilidad, o han sido desplazados, refirió Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Reconoció que al momento no se tienen mecanismos o cifras para evaluar la población de niños y adolescentes afectados por el éxodo observados en municipios como Aguililla, Buenavista, Coalcomán o Tepalcatepec.
Sin embargo, se cuenta con aproximaciones generadas a partir de datos ofrecidos por asociaciones civiles; en el caso de la población menor de edad vulnerable en sus lugares de origen o desplazada, para Tierra Caliente, entre 2014 y 2016 se calculó que ascendía a entre ocho mil y 12 niños y adolescentes.
Al corte de 2021, estos números podrían haberse incrementado en hasta cinco veces, a un rango de 45 mil a 60 mil niños y adolescentes.
Tinoco Álvarez agregó que no es posible determinar de esta proyección cuántos niños y adolescentes permanecerían, con riesgo, en sus localidades de origen y cuántos habrían sido desplazados.
Afirmó que se considera que en la región de la Tierra Caliente de cuatro mil a cinco mil familias han sido desplazadas, conformadas por entre cuatro y ocho personas cada una, lo que implicaría de 12 mil a 40 mil personas que han debido migrar a otros municipios, estados e, inclusive, países.
El presidente de la CEDH indicó que a la problemática de los desplazados se tiene, en las zonas norte y sudeste de Michoacán, una cifra creciente de refugiados y migrantes indocumentados.
Debido a que la migración es una cuestión federal, la CEDH no tiene conocimiento de cuántas personas en esta situación se encuentran en la entidad.
Ante la ausencia de datos oficiales, Marco Antonio Tinoco expresó que se espera construir con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), así como con los estados de la zona oeste del país, como Jalisco, Nayarit y Zacatecas, instrumentos de medición y seguimiento para conocer con la mayor precisión posible la cantidad de desplazados y refugiados y qué situación enfrentan.
Indicó que existe un trabajo previo por un año y medio, y aún faltan algunos meses para concluir la emisión de los mecanismos de evaluación, hacia junio de 2022.
“El Inegi no hace levantamiento de esta clase de datos, como tampoco de población con alguna discapacidad; las encuestas actuales no están hechas para mapear el fenómeno de desplazamiento forzado de la población, que no teníamos hace 15 años”, precisó.
Aseguró que la situación en la región de la Tierra Caliente es muy complicada, porque no sólo se tienen actores del poder público, sino civiles armados, por lo que ha denunciado ante la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) el “severo problema de desplazados, donde los esfuerzos de la seguridad pública no han alcanzado a atajar todas las vías”.
Además, aunque en los últimos dos a tres años se ha recrudecido, la degradación del tejido social en la zona suma de 10 a 12 años.
La queja de la CEDH ante la CNDH es por la determinación de responsabilidades de algunos servidores públicos municipales, estatales y federales en el caso, así como para establecer una comisión de la verdad y “saber finalmente qué manos están metidas”.
Sin embargo, este trámite aún no ha obtenido respuesta de la instancia federal.