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Foto: Archivo

Advierte IEM de sanciones ante propaganda ilícita en intercampañas

Dalia Villegas Moreno/Quadratín
 
| 14 de febrero de 2018 | 11:03
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MORELIA, Mich., 14 de febrero de 2018.- La propaganda electoral que promueva a precandidatos y convoque a votar por sus proyectos es considerada ilícita durante las próximas siete semanas, y pone en riesgo las candidaturas de olvidadizos que no quieten propaganda o que pretendan burlar el periodo de veda.

En entrevista, el consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Humberto Urquiza Martínez, explicó que, si bien se tiene que presentar denuncias por lo que se puede interpretar como actos anticipados de campaña, también podría seguirse de oficio.

Este martes, circularon mensajes de texto con propaganda a favor del precandidato al Senado Carlos Torres Piña, quien se deslindó; con base en este ejemplo, Urquiza Martínez explicó que no bastará con deslindarse, sino que esto tendrá que acreditarse.

Explicó que, si hay alguien que a nombre de otras personas esté haciendo la difusión, se tendrá que investigar, y si se encuentra responsable se impondrá una sanción; pero si un precandidato dice que no fue, y se comprueba que sí, será sancionado.

“Ante la guerra sucia no hay mecanismos muy claros; los involucrados tendrían que deslindarse y comprobar que ellos no son quienes están realizando los actos anticipados de campaña”, expuso.

Agregó que, si derivado de esa guerra sucia hay alguna infracción a la ley, sí tendría que presentase algún procedimiento administrativo contra quien esté violentando la norma electoral, para que se haga valer la responsabilidad.

“Si se acredita que alguien está haciendo actos anticipados de campaña se le puede negar el registro, y hay sanciones administrativas; el deslinde es un primer elemento, pero en términos generales, para acreditar una falta de un acto de difusión fuera de la ley se tienen que acreditar varios elementos, como que se está haciendo la difusión y que sea al sujeto responsable”.

A pregunta expresa, advirtió que no es suficiente el deslinde, sino la necesidad de acreditar, en cada uno de los casos que se denuncien, en qué consiste la difusión y quién la está generando, a lo que se abocaría el IEM a investigar en el marco de sus competencias, a raíz de que se presente la denuncia o también de oficio.

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