MORELIA, Mich., 23 de enero de 2020.- La conclusión del proceso de federalización de los servicios educativos viene precedido de una serie de encuentros, desencuentros, vaivenes y desavenencias.

No fue terso. Por el contrario, fue intenso, a veces caótico, largo y tedioso.

Revisión tras revisión, análisis tras análisis, propuestas contra contrapropuestas, encuentro tras encuentro, concluyeron con una firma histórica, no solo para Michoacán, sino para el país en su conjunto.

Este jueves, se aterrizó en lo legal un acuerdo que ya se sostenía en la práctica desde octubre de 2019, cuando la Federación comenzó a enviar los primeros auxilios financieros para subsanar un déficit de más de 6 mil 500 millones de pesos, producto de una nómina magisterial obesa, con más de 32 mil maestros denominados estatales por estar al amparo cobijo del Gobierno estatal.

Independiente de los encabezados que ya están en medios digitales sobre quién se asume con la paternidad del acuerdo, es necesario recordar que su concreción fue merced a la voluntad y disposición política de Federación, Estado y magisterio, que supo estar a la altura de las circunstancias.

Sin embargo, es de destacar que fue Silvano Aureoles quien, previo a diciembre de 2018, fecha en que asumiría Andrés Manuel López Obrador la titularidad del Ejecutivo Federal, rompió con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que se signó en 1992, durante el mandato del priísta, Ernesto Zedillo Ponce de León, y entregó los servicios educativos a la saliente administración del también priísta Enrique Peña Nieto, pero con toda la dedicatoria para el tabasqueño.

Fue el 27 de noviembre cuando el perredista argumentó que si bien las finanzas estatales no estaban en bancarrota, tampoco daban para encarar el pago de quincenas, bonos y aguinaldos de los maestros estatales.

Siempre mantuvo en su discurso que la Federación no cumplió el acuerdo ni asumió su responsabilidad y que Michoacán terminó aportando más de lo acordado.

Sostenía que el acuerdo inicial era 90 por ciento Federal y 10 por ciento Estado, aproximadamente, pero conforme pasaron los años, la operación cambió, y Michoacán aportaba 36.59 por 63.41 del Gobierno central.

En ese entonces, Aureoles emplazó al Gobierno federal a nombrar a un representante y solucionar la crisis en un plazo de 30 días.

No fue así. En Palacio Nacional, la ruta suicida de Silvano Aureoles fue tomada como una afrenta para el nuevo Gobierno que sentenció, con su clásico estilo, que no caería en la provocación del michoacano.

La situación de la educación se agudizó en la recta final de 2018 e inicio de 2019, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomara las calles y bloqueara carreteras y vías férreas, en demanda del pago de bonos, aguinaldos y salarios.

Fueron semanas de presión intensa, de grandes reclamos del sector privado, primero al Ejecutivo estatal, que impedido por ley, aventó la bola a la Presidencia de la República, donde el tabasqueño tuvo que poner orden con sus alumnos de la CNTE para que liberaran las vías a cambio de apoyar al Gobierno estatal.

Fue así como en enero, el Gobernador anunció que la Federación había adelantado participaciones federales por mil millones de pesos, pese a los reclamos de ilegalidad y violación a la Ley del Presupuesto de Egresos, autorizado en ese entonces por la 74 Legislatura.

Dichos recursos, que además causaron intereses moratorios a las finanzas estatales, desactivaron la presión con la CNTE que para ese entonces se volvió una especie de brazo armado de Morena y del Ejecutivo Federal, y desde ahí se lanzó una campaña negra contra el gobierno michoacano, según acusó Silvano Aureoles.

El 5 de abril, durante una gira por Zacapu, en la presentación del Programa de Universidad Públicas, Benito Juárez, el Presidente retomó al asunto de la educación en Michoacán y, por primera vez, propuso que se aplicara el modelo educativo de la Ciudad de México en Michoacán, cuyo eje central es que la Federación cubra la totalidad de los mismos.

A partir de ahí, se gestó una intensa serie de encuentros en la Ciudad de México para ir afinando y subsanando un sistema educativo enfermo, desorganizado, con vicios arraigados, la mayoría de carácter sindical.

El proceso de federalización abrió la puerta el orden y Michoacán se convirtió en la primera entidad en ser auditada hasta el intestino educativo por la Auditoría Superior de la Federación, donde, según Enrique Estrada, el enviado presidencial, las observaciones son menores en un universo de unos 92 mil trabajadores de la educación.

Desde varias perspectivas, la federalizacion acota el poder sindical que otrora ostentó la CNTE y elimina muchos de los detonantes de la protesta, ya que se vislumbra que el Estado retorna la rectoría de la educación más plenamente.

La firma pone a Michoacán en vanguardia y es el inicio de una proceso que aterrizará en la totalidad de las 32 entidades federativas, donde van por delante aquellas que presentan un diagnóstico más negativo.