ZITÁCUARO, Mich., 12 de noviembre de 2015.- El gobierno de Carlos Herrera Tello espera que en el primer bimestre de 2016 la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) tenga un dictamen sobre 167 observaciones que se hicieron a la pasada administración municipal que presidió Juan Carlos Campos Ponce y que involucrarían un monto cercano a los 158 millones de pesos.

En conferencia de prensa encabezada por el contralor Hugo Alberto Hernández  Suárez, el tesorero Bernardo Razo Dorantes, el director de Obras Públicas,  Hugo Raya Pizano, y el asesor jurídico del ayuntamiento se  destacó que los hallazgos derivados del proceso de dictaminación del periodo enero-agosto de 2015 son delicados y múltiples, razón por la cual se podría acudir a instancias como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En participaciones individuales resumieron las observaciones,  precisaron que las mismas tienen un soporte de casi 2 mil 100 evidencias documentales y que van desde decenas de casos de “aviadores”, hasta un inadecuado manejo de fondos federales y  retenciones no reportadas y mucho menos entregadas de impuestos federales.

Los funcionarios señalaron que fue el poco el tiempo que tuvieron para realizar la revisión y el análisis (25 días), pero que en ese periodo se levantó una importante muestra que permitió ubicar una serie de graves irregularidades administrativas, fiscales, financieras y jurídicas.

Uno de los casos en que hubo un poco más de detalles fue el del DIF municipal, que estuvo a cargo de Patricia Ramírez, esposa de Campos Ponce y hoy regidora local por el PRI.

Resaltaron que se hallaron varios casos de nepotismo y el cobro de cuotas que violentaban el marco jurídico de dicha instancia. Las irregularidades fueron tan profusas que no se pudo determinar con precisión la cifra del presunto quebranto.

El desempeño  en materia administrativa, financiera y de obra pública también fue cuestionado, ya que del resultado del análisis técnico-jurídico se encontró un discrecional manejo de recursos federales por encima de reglas de operación y otros mecanismos de administración contable.

Razo Dorantes enumeró: “los apartados donde se hallaron la mayoría de estas observaciones fueron en materia financiera y fiscal, que incluyen trasferencias de recursos federales a otros recursos por más de seis millones de pesos.

“No se documentaron las cuentas por cobras y por pagar. Existen diferencias acumuladas por 40 millones en los presupuestos

“Se omitió el pago de más de 22 millones a  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por diversos conceptos,  y se adeuda al estado más de ocho millones por impuestos sobre la nómina, entre otras”.

De la intervención del titular de la Tesorería se desprende un manejo discrecional, desordenado y opaco de los recursos, que representaría  un gran porcentaje  de la cifra de los 158 millones de pesos mencionada por los actuales funcionarios municipales.

Un dato que siempre estuvo presente en la intervención de los funcionarios es que el gobierno de Campos Ponce no dejó o entregó la documentación necesaria para que la administración actual tuviera un conocimiento pleno sobre el estado real de las cosas.

También se desglosó el tema de la obra pública. Se levantó un muestreo de 30 de 128 acciones de ese tipo ejecutadas del 1 de enero al 31 de agosto y que representaron una cifra de 43 millones de pesos.

Raya Pizano señaló que hallaron 30 hallazgos económicos e igual cifra de hallazgos administrativos, amén de irregulares adjudicaciones directas y sin la previa autorización del cabildo.

Asimismo, subcontratos y sobreprecios en materiales diversos, obras pagadas no terminadas o sin realizarse.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas  se comentó que el tema de las retenciones federales hechas por la anterior administración en cuanto a cuotas del ISSSTE no reportadas ni entregada al Sistema de Administración Tributaria, está causando quebrantos o problemas al gobierno municipal en funciones.

“La SHCP está reteniendo vía participaciones lo que se adeuda por concepto de cuotas al ISSSTE y el porcentaje afecta el 5 por ciento de esos montos”, precisó Razo Dorantes.

Dos temas más que se abordaron fue el de las liquidaciones de empleados de la anterior administración y de la posibilidad de que el cabildo local autorice al presidente Carlos Herrera Tello a contratar un préstamo por 20 millones de pesos para hacerle frente a compromisos monetarios en el último tramo del año: aguinaldos y liquidaciones.

El titular de la Tesorería indicó que no sería un endeudamiento como tal, ya que esa cifra se rembolsaría con participaciones que no entregó el gobierno estatal anterior a la administración municipal.

A su vez, el asesor jurídico informó que ya hubo arreglo con 180 personas con las cuales se finiquitó la relación laboral y que aún hay aproximadamente otras 50 en litigio.

Hernández Suárez cerró el encuentro con representantes de medios informativos locales estatales reiterando que toda esa información ya fue entregada a la ASM para su revisión y análisis.

Sería idóneo que el órgano fiscalizador del Congreso del Estado ordenara un resarcimiento del presunto daño, amén de una inhabilitación de las autoridades responsables, abundó y adelantó que la multiplicidad y complejidad de irregularidades podría desencadenar la intervención de la SHCP por el tema de las retenciones de impuestos federales, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por ese mismo caso y el manejo de otros fondos federales.