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MORELIA, Mich., 5 de julio de 2013.- A pesar de haber entrado en vigor a finales de febrero, dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, entre otras, violan el Acuerdo de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto pública y Modernización de la Administración Pública de Michoacán.
Y es que tal documento señala en su artículo 10, que el número de plazas de asesores se disminuirá a un máximo de tres por cada dependencia, sin embargo, al revisar el directorio de las instituciones, la realidad es otra.
Tal es el caso de la Procuraduría de Justicia encabezada por Placido Torres, quien según el espacio de acceso a la información, cuenta con cinco auxiliares que son: Luis Felipe García Uribe, Mauricio Alejandro Espinosa Ortiz, Sinuhé Rivera Nájera, José Valencia Mojica y Luis Fernando Guzmán Sámano.
Cada uno de estos funcionarios, según el apartado de Remuneración reciben 33 mil pesos mensuales como salario, lo que los coloca en ese rubro como los mejores pagados, sólo detrás del propio procurador, subprocuradores y secretario técnico.
En tanto, en la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Alberto Reyes Vaca, la violación es aún mayor, ya que aquí son cinco los asesores.
Según el directorio del propio Ejecutivo estatal, las personas que fungen como asesores del zar pro seguridad son: Liliana Nayeli Mendoza Acquart, Gerardo Daniel Martín del Campo Mena, Eneth Reyes Benítez, Adriana de la Teja Ordieres y Erica Cati Garnica Ramírez, quienes también reciben un sueldo mensual de 33 mil pesos, cada una de ellas.
Es decir, anualmente la dependencia eroga casi dos millones de pesos tan sólo en el salario de dichas servidoras públicas.