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MORELIA, Mich., 18 de marzo de 2015.- Transportistas del servicio colectivo urbano solicitaron a las autoridades del gobierno del estado cumplir con la legislación vigente en la materia y autorizar el cambio de modalidad que de inicio beneficiará a la ciudadanía moreliana.
Este miércoles, concesionarios del servicio urbano del transporte abordaron al secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, para exponer la petición de este sector de trabajadores, quienes tras haber obtenido un compromiso con las autoridades para permitir el cambio de modalidad, adquirieron autofinanciamientos hasta por 500 mil pesos por cada unidad, mismas que no han entrado en operaciones debido a la oposición que han puesto otros grupos de transportistas.
El representante legal de los concesionarios inconformes, Héctor Vidales Jaimes, señaló que la demanda de dicho sector del transporte no consiste en la adquisición de apoyos económicos, sino en la aplicación de la ley en la materia, que avala el cambio de modalidad, mediante el cual se pretende renovar el parque vehicular a través de la adquisición de combis y eliminación de los camiones, de los cuales, la mayoría se encuentran en muy malas condiciones.
Agregó que la petición tampoco incluye el otorgamiento de nuevas concesiones, como han denunciado otras organizaciones de transporte público, “a las que sí les han entregado como tres mil nuevos permisos, situación que los tiene saturados en sus rutas, mientras que nosotros sólo buscamos cambiar las unidades sin invadir los recorridos ya establecidos”.
Vidales Jaimes, agregó que los transportistas confiaron en el compromiso de las autoridades y ya han adquirido 167 unidades de las 700 que se busca cambiar en la capital del estado, sin embargo, ante la negativa de autorizar el cambio de modalidad, la situación económica de los concesionarios se ha complicado al no poder operar las nuevas unidades.
De esta manera, el representante de este sector añadió un llamado al cese de “la anarquía que existe en la Comisión Coordinadora del Transporte, donde por petición de unos no se aplica la ley, o se hace de manera parcial, ya que los operativos contra el pirataje se aplica sólo contra algunos grupos”.
Por tal motivo, Héctor Vidales dijo que continuarán detrás de las autoridades y del gobernador, Salvador Jara Guerrero, hasta lograr respuesta positiva a su demanda, que enfatizó “es totalmente legal”.