Seis líneas de acción y 58 compromisos en Acuerdo por Michoacán

MORELIA, Mich., 29 de agosto de 2013.- Un total de 58 compromisos divididos en seis líneas estratégicas de atención prioritaria contiene el documento denominado Acuerdo por Michoacán que suscribirán esta tarde líderes políticos, empresariales, sociales e intelectuales de la entidad, copia del cual obra en poder de Quadratin.

Aunque las dos primeras líneas estratégicas se refieren a los compromisos económicos y sociales de los sectores, la mayor cantidad de compromisos se ubica a la tercera línea, denominada Administración, Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas, en donde se establecen  16 metas, algunas de las cuales podrían generar reacciones.

Entre ellas, el primer compromiso de esta línea estratégica anticipa un endurecimiento en las negociaciones con organizaciones sindicales y sociales, en virtud de que establece la intención de modificar las relaciones con ellas “para ajustar el gasto a lo establecido por vías legales o contractuales”.

Asimismo, el gobierno del estado se compromete a “evaluar, ampliar y rediseñar el Programa de Austeridad de la Administración Pública Estatal”, que no ha terminado de arrojar resultados.

Asimismo, la autoridad estatal se compromete también a someter a un proceso de reingeniería a la administración pública, a fin de reducir la carga burocrática del Estado y elevar la productividad de los empleados del gobierno estatal.

En esta misma línea estratégica destaca también el compromiso gubernamental de “Reformar la Constitución del Estado, en lo relativo a la Glosa del Informe del Gobernador, vinculando el plan de desarrollo estatal con el presupuesto, y éste con la Cuenta Pública y con el cumplimiento de objetivos y metas”.

Otro de los compromisos que se establece en este rubro tiene que ver con la creación de una comisión plural de legisladores federales y estatales para efectos de fiscalización del gasto público, combate a la corrupción y a la impunidad, así como la integración de un comité estatal con participación de los presidentes municipales.

Aun cuando el volumen de compromisos corresponde a la tercera línea estratégica, la prioridad del documento son el desarrollo económico, la competitividad y el empleo, que constituyen la primera línea estratégica.

Se reconocen las áreas de oportunidad y se establece que “en el campo tenemos una de nuestras más grandes fortalezas”, y se define un catálogo de 11 metas o compromisos.

Entre ellos, destaca la idea de instituir el Programa de Obra Convenida para capitalizar a los ayuntamientos y multiplicar la obra, y dar preferencia a las empresas michoacanas para efectos de proveeduría de bienes y servicios.

Se compromete en este rubro lo mismo un programa emergente para el desarrollo de la Costa, la Sierra, la Ciénaga y el Occidente  michoacano, que la modernización industrial y el mejoramiento de los centros logísticos y parques industriales de la entidad.

La segunda línea de atención prioritaria es el desarrollo social, que aparece con solamente cinco compromisos: ampliación de la cobertura de la Cruzada contra el Hambre, recuperar los programas estatales de desarrollo social, puesta en marcha de hospitales regionales, cumplimiento de la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia, y el impulso a la Ley de Responsabilidad Ambiental.

En el tema de gobernabilidad, seguridad pública y justicia, los compromisos se reducen al tema de la seguridad que absorbe los 11 compromisos del documento. Entre los compromisos destaca el mando único policial, la creación de una unidad de inteligencia, la creación de foros y otros de menor importancia.

La quinta gran preocupación del Acuerdo por Michoacán es la educación y los temas de la ciencia, la tecnología y la innovación. En ese tema se establece una docena de compromisos que apuntan a un manejo transparente de recursos y al control administrativo de los servidores públicos.

Finalmente, la última preocupación que se expresa en el documento tiene que ver con “la recuperación de la imagen y la confianza en el Estado” que propone una campaña intensa para reactivar el turismo, promover las visitas del Ejecutivo a municipios y comunidades e impulsar la Ley para la Creación del Consejo Estatal de Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad