Se convirtió la CEDH en el Ministerio Público: César Silva

MORELIA, Mich., 29 de noviembre de 2014.- “La comisión de los Derechos Humanos gubernamental, se convirtió en una agencia del Ministerio Público”, aseveró el presidente de la comisión de Derechos Humanos de Michoacán no gubernamental, Julio César Silva Alemán, argumentando que el servicio de la comisión gubernamental se ha convertido en un sistema burocrático que dejo de velar por los derechos de la ciudadanía.

César Silva, indicó que la causa de la Comisión de los Derechos Humanos  ha perdido sentido, y ha dejado de abogar por las necesidades de la ciudadanía, ya que se ha ha presentado omisión ante las denuncias de los michoacanos.

Además, señaló que tras la incorporación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) a la comisión de los Derechos Humanos, se ha perjudicado el funcionamiento, ya que cuando existen inconformidades, se suspende el servicio de la dependencia gubernamental, y se priva a la ciudadanía de manifestar sus inconformidades.

En este sentido, Julio César Silva, indicó que la asociación civil de los Derechos Humanos ha sufrido de comparaciones, ya que se le relaciona con los deficientes  servicios que ofrece la dependencia gubernamental.

Dentro de este contexto, Silva manifestó que existe mal manejo en el encarcelamiento en el “Cereso” de Morelia, ya que de acuerdo al articulo  20 constitucional, se estipula que en caso de ser un delito que amerite dos años como sentencia, el juicio se deber llevar en un proceso no mayor a cuatro meses; sin embargo existen presos que han cumplido tres años sin ser sentenciados, y en este caso la dependencia gubernamental no interviene.

Por otra parte, señaló que por ser una asociación civil, no han percibido recurso alguno de gobierno del estado, por lo que han recurrido a solicitar apoyos de otras asociaciones que velan por una causa similar a la que plantean.

Julio César Silva, denunció un mal manejo del servicio de la comisión de los Derechos Humanos, indicando que a pesar de que perciben recursos del estado, no aprovechan el funcionamiento del mismo, por otra parte, han impuesto barreras para las quejas de la ciudadanía.