Con más de 100 muertes violentas, cerró Michoacán el mes de mayo: FGE
MORELIA, Mich., 20 de diciembre de 2015.- A un año de que feministas
michoacanas solicitaron ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres la
Declaratoria de la Alerta de Violencia para el estado de Michoacán,
siguen esperando respuesta.
“Estamos hartas de fotos y eventos ‘felices’, ya que lo único que
observamos es una serie de posiciones encontradas al respecto con las
solicitudes de la alerta de violencia de género en el país y en
nuestro estado, ya que se ha dado prioridad a las solicitudes
realizadas por los gobiernos de los estados y no así a las que han
sido solicitadas por las organizaciones sociales civiles”, señaló la
directora de la asociación Humanas sin Violencia, Lucero Circe López.
En un documento que preparó a propósito de un año de espera, señala
que la solicitud de la Alerta de Violencia de Género es una
herramienta útil que pone de manifiesto que hay un problema real que
debe ser atendido, estudiado y analizado seriamente y con ello
emprender una serie de acciones que desmonten la violencia, la
discriminación y la desigualdad desde el interior de la función
pública.
“No importa si es una o más de 780 mujeres las que han sido
asesinadas, en el estado de Michoacán aún no cuenta con una agencia
especializada en investigación de feminicidios y tampoco se ha
realizado un verdadero proceso de investigación seria, profesional,
con profesionales investigadores/as especializados/as en feminicidios,
ni tampoco abiertos a realizarlos con una posición ética y
respetuosa”, señala la activista.
En cambio, criticó, hay presidentes municipales, desmontando las
Instancias de las Mujeres y reteniendo los recursos destinados para
las mujeres en sus municipios, haciendo oficios en donde se les
prohíbe a las mujeres de la administración que acudan con sus hijos en
lugar de crear espacios de estancia y cuidados para sus vástagos con
la finalidad de que ellas puedan desarrollarse y alentar a una
política responsable orientada a fomentar el paternaje y que los
hombres se hagan cargos de los hijos.
Tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con un programa
que profesionalice a las personas receptoras de las quejas en materia
de derechos humanos mucho menos de las mujeres, la actuación de
algunos de los receptores es como ministerio público careando a las
víctimas con sus agresores que ocupan cargos en la administración
pública, indicó.