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MORELIA, Mich., 10 de febrero de 2016.- El Poder Judicial de la Federación admitió un juicio de amparo colectivo promovido por los jueces del Poder Judicial de Michoacán en contra de la Ley de Pensiones Civiles, del Congreso del Estado y del Consejo del propio Poder Judicial.
Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Raymundo Arreola Ortega y el Consejero del Poder Judicial, Jaime del Río Salcedo, dijeron que aún no han sido notificados de ese juicio de amparo colectivo y que, en el caso del Congreso ya suman cinco aunque los otros cuatro son individuales.
El juez Adrián Manuel García Gómez informó que los jueces hicieron la promoción en relación a la nueva Ley de Pensiones porque consideran que existe una afectación directa a sus ingresos debido a algunas imprecisiones y lagunas que estiman pertinente que se aclaren fundamentalmente.
“Se hizo un cambio fundamental en la Ley que consideramos nos afecta y nos dimos a la de buscar de una interpretación desde este momento para no esperar a que llegue la etapa de la jubilación”, indicó el juzgador aunque aclaró que no participó en la redacción final del documento y hablaba a título individual ya que sus colegas no le han autorizado a hablar en su representación.
Entrevistado al término de la ceremonia protocolaria con la que se declaró la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral en la región de Zamora, el juzgador consideró que las leyes las hacen seres humanos que se pueden equivocar y una resolución judicial sienta precedentes que benefician a todos.
García Gómez señaló que el amparo promovido por todos los jueces de Michoacán involucra a varios gestores gubernamentales como el Congreso del Estado como emisor de la Ley y el Consejo del Poder Judicial como ejecutor de la misma.
Rechazó que se trate de una rebelión y consideró la unión de los juzgadores como una acción positiva porque todos los trabajadores tienen derecho a recurrir a las instancias legales cuando se sienten afectados, particularmente ellos porque creen en la ley y en el estado de derecho.