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MORELIA, Mich., 17 de enero de 2015.- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió a la PGR y al DIF nacional y estatales informar sobre la población rescatada en el albergue La Gran Familia, según una nota de Excélsior.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD)consideró indispensable conocer cuál es el estado en que se encuentran todas y cada una de estas personas.
Recordó que en meses pasados la opinión pública en nuestro país a través de medios de comunicación fue testigo de un operativo federal encabezado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
Mediante esta acción fueron rescatadas más de 500 personas la mayoría de ellas menores, quienes estaban privadas de su libertad en la casa-hogar ubicada en el municipio de Zamora, Michoacán, presumiendo que eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos de personal adscrito al albergue.
Señaló que informes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que en el lugar de los hechos fueron rescatadas en ese momento 174 niñas de entre tres y 17 años, así como 278 niños del mismo rango de edad. También 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés que oscilan entre dos meses y dos años de edad.
Por ello la autoridad se dio a la tarea derecabar información sobre la procedencia de estas niñas, niños y adolescentes que serviría para que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional y estatales, realizarán la reintegración a sus respectivas familias.
Una vez a salvo, agregó, las autoridades recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con el albergue La Gran Familia y refirieron haber sido víctimas de diversos delitos, abusos físicos y psicológicos.
Así como obligados a pedir dinero en casas y calles, ser alimentados con comida en mal estado, dormir en el suelo y con la prohibición de abandonar las instalaciones.
Entre los probables delitos que se consideraron fueron lesiones, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y trata de personas de algunos miembros del albergue.
Es de destacar que seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a prisión acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas.
La directora Rosa del Carmen Verduzco quedó libre de responsabilidad penal por la argumentación de su deterioro físico y mental, pese a que se acreditó su presunta responsabilidad en al menos tres delitos federales.