Omiso, el gobierno estatal en violencia contra mujeres

MORELIA, Mich., 30 de mayo de 2013.- El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces que se especifica en la Ley General de Víctimas, es letra muerta para los deudos de las mujeres asesinadas que, legalmente, apenas si son considerados como víctimas secundarias, pese a ser las protagonistas.

Ahí está el crimen de la directora de una escuela y su esposo a principios de este mes, el cual pudo ser evitado si la reacción de las corporaciones policiacas hubiera sido inmediata.

Según cuentan los vecinos, sus asesinos prácticamente tiraron la puerta  de su casa a golpes,  con un mazo o con un martillo, e hicieron tanto ruido que llamaron a la policía, pero ésta llegó hasta la mañana siguiente cuando de plano se reportó que la vivienda estaba con la puerta abierta y en su interior había dos personas muertas.

La pareja  rondaba los 50 años, ambos profesionistas, con dos hijos que no llegan a los 10 años qué solo saben que esa noche se fueron a dormir y, cuando despertaron, estaban en una casa ajena porque un alma caritativa les evitó el trauma de ver a su madre con el cráneo destrozado a machetazos y a su padre con un tiro en la cabeza.

A los niños se les ha dicho que sus padres murieron en un accidente y, aunque están en terapia psicológica, todavía están entre que creen y no esa versión, ya que, de la noche a la mañana, se quedaron sin padres, sin hogar, sin escuela, sin ropa, sin juguetes y sin amigos.

Su vida fue trastocada, lo mismo que la de una hermana de su madre que se está haciendo cargo de ellos ya que no les aguanta el paso porque ya tiene 60 años y, como toda persona adulta que vive sola, tiene hábitos de orden y limpieza que no tienen los niños, por lo que ninguno de los tres está a gusto a pesar del cariño que se tienen.

El resto de la familia  se da cuenta y los entienden, pero es hora en que no acaban de realizar los trámites legales para formar, con los bienes de sus padres, un fideicomiso que les asegure sus estudios universitarios o lo que ellos decidan cuando sean adultos, y todavía no se dan el tiempo  para propiciar las mejores condiciones para la familia entera.

Con más o menos recursos económicos, hay decenas de niños que viven las mismas circunstancias y a los que nadie atiende porque que no son tan afortunados como los que cuentan con una familia unida y poder económico.

Nadie sabe siquiera los nombres de las las tres mujeres que se encontraron, junto con tres varones, en una fosa clandestina en Tingambato, también a principios de mayo. Los cadáveres de los hombres tenían amputadas las manos así como el de una mujer. No se encontró ningún elemento que revelara su identidad.

Aunque las dos mujeres asesinadas en Yurécuaro en febrero de este año fueron identificadas, no se sabe mayor cosa de ellas, pese a que estaban en edad reproductiva, una tenía 27 años, la otra 30.

Se presume que fueron ejecutadas porque sus cuerpos fueron encontrados en la cajuela de un automóvil marca Honda, tipo Accord, color arena, modelo 2006, con placas de Michoacán, que estaba abandonado cerca de la comunidad Las Popochas, situada en los límites de Michoacán y Jalisco y tenían el “tiro de gracia”.

La Procuradora de la Familia y del Menor del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), María del Rosario Cortés Zavala, reconoció que es sorprendente que a pesar de los asesinatos de mujeres  no tengan a disposición –por parte de la PGJE- a ningún menor por orfandad.

La explicación que dio es que los menores no quedan en total orfandad; siempre queda la figura paterna o los abuelos, por parte de la madre y el padre  y, legalmente, es lo  ideal, pues es mucho mejor que estén con ellos a que estén en una casa hogar.

“No hemos temido nosotros por esa circunstancia, aunque sí por la violencia que ejercen contra ellos, el padre, la madre o ambos. En lo que va del año 54, en 2012 87, en 2011 60”.

En Províctima, únicamente han atendido tres casos de víctimas secundarias por el asesinato de tres mujeres, dos adultas y una niña, desde el primero de enero de 2012, cuando se instaló la oficina en la entidad, a la fecha, informó el director Arnulfo Sandoval.

“Tenemos tres casos de mujeres que perdieron la vida con violencia extrema, entre ellos una menor,  las otras dos, jóvenes adultas. Se han atendido a un total de 11 personas que serían víctimas secundarias de acuerdo con la Ley General de Víctimas”.