Michoacán y Baja California Sur, únicos que no tipifican feminicidios

MORELIA, Mich., 9 de diciembre de 2013.- La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Acciones en Relación a los Feminicidios, se pronunció a favor de signar acuerdos para armonizar en las leyes locales y nacionales la tipificación única del delito de feminicidio.

Explicó que el ilícito se castiga de manera distinta o no se contempla en las normas de cada entidad, y homologarlas con la legislación penal federal, dijo, es parte de los retos fundamentales que ha asumido la Cámara de Diputados en el afán de abatir esta problemática en todo el país.

En la clausura del foro “Comentarios a las Acciones Legislativas en Relación al Feminicidio”, que la legisladora encabezó, se hizo hincapié en la obligación de los Congresos estatales de armonizar su legislación con el Código Penal Federal, con base en lo estipulado en sus artículos 1 y 133, y en coincidencia con tratados internacionales.

Según datos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg) de la Cámara de Diputados, referidos por investigadoras invitadas al foro, hasta noviembre de este año, dos estados de la República no han tipificado expresamente el feminicidio en su legislación penal: Baja California Sur y Michoacán.

Por otra parte, sólo 16 estados toman en cuenta en sus leyes las siete circunstancias que el Código Penal Federal estipula como “razones de género” para calificar un delito como feminicidio.

Tales razones son: que la víctima presente signos de violencia sexual; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que esta haya sido incomunicada previo a la privación de la vida y que su cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.

De acuerdo al Ceameg, Nuevo León y Chihuahua son entidades que no consideran ninguna de estas razones, y Aguascalientes y Baja California únicamente consideran tres y dos, respectivamente.

Asimismo, el Código Penal Federal establece de 40 a 60 años de prisión para sancionar el feminicidio; no obstante, sólo Oaxaca lo castiga de la misma forma, y el Estado de México, incluso, aplica penas con prisión vitalicia. Tlaxcala es el estado que da menor castigo a quienes incurren en el ilícito, con una sentencia de 17 a 30 años, apuntó el centro de estudios.

En la norma en cuestión, se estipula que el sujeto activo que incurra en el feminicidio perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio; lo anterior, sólo es puesto en práctica por 11 estados.

Respecto a la sanción a servidores públicos que retarden o entorpezcan, por malicia o negligencia, la procuración de justicia cuando se trata de este delito, el Código Penal Federal fija de tres a ocho años de prisión.

Al respecto, sólo 7 estados aplican sanciones, pero uno establece penas menores (Quintana Roo, de dos a cinco años) y otro no condena a reclusión a quien lo comete (Sonora).

Además de armonizar las inconsistencias entre las leyes locales y federales, el Ceameg subrayó la necesidad de establecer en las normas los tiempos límite para emitir la alerta de violencia de género, misma que actualmente está inoperante.

El Ceameg también refirió la conveniencia de especializar a peritos y agentes del Ministerio Público en violencia de género y feminicidios, así como establecer los lineamientos para la investigación de estos casos.

Flores Salazar aseguró que para lograr los objetivos de la Comisión que preside y del Poder Legislativo, es importante rediseñar la implementación de políticas públicas, programas y acciones de gobierno orientadas a garantizar los derechos humanos y la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres.

Sostuvo que en los pendientes de la agenda legislativa se debe considerar la incorporación de la perspectiva de género y de todos los derechos humanos en las reformas estructurales en puerta, “evitando obviar que las políticas neutras o ciegas suelen impactar de manera negativa a las mujeres, debido a las brechas que las separan de los hombres”.

Por otro lado, consideró “sustantivo asignar un presupuesto adecuado, federal y local, para acciones de prevención, atención sanción y erradicación de los feminicidios, particularmente a las entidades con mayor incidencia de este delito”.

Detalló que se formularon propuestas en conjunto con el Ceameg, para incluirlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. “Desafortunadamente, no se aceptaron todas, pero se dará la lucha para que en el presupuesto que viene se contemplen”, aseguró.

Respecto a los foros legislativos en materia de protección a las garantías de la mujer, Leticia Calderón Ramírez (PRI) destacó que “no es suficiente sólo conocer nuestros derechos, pues debemos ser contralores y estar pendientes de que las autoridades cumplan la ley”.

Destacó que el órgano legislativo, del que ella es secretaria, ha consensado que es momento de exigir a todas las instituciones responsables en la materia cumplir en tiempo y forma con el marco jurídico.

“No es posible que las mujeres lleguen al Ministerio Público maltratadas y golpeadas, y les digan que no se les puede levantar un acta, porque casi tienen que estar muertas para que les hagan caso”, enfatizó.