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COAHUAYANA, Mich.- Ubicada en este municipio, la playa “La Privada” también conocida por los coahuayanenses como “el Puerto” y oficialmente llamado Club de Playa San Juan de Alima A. C., es un lugar para multimillonarios, políticos, artistas y deportistas famosos, al que no entra nadie que no sea socio o invitado de estos, “y menos un jodido”, como dicen los pescadores del rumbo a los que también les prohíben desembarcar en la exclusiva marina.
Entre otros asistentes a este exclusivo club de playa se encuentran el cantante Alejandro Fernández, la ex golfista Lorena Ochoa, el ex diputado federal y ex candidato a gobernador de Colima, Leoncio Morán; importantes políticos jaliscienses; dueños y ex propietarios de grandes empresas con presencia nacional, los que gozan de una privacidad total al impedir con guardias de seguridad, el paso a toda persona ajena a ellos que trate de llegar por tierra o mar.
La Asociación de Colonos del Club de Playa San Juan de Alima, A.C., apoya eventualmente al Ayuntamiento de Coahuayana con algunas acciones específicas como otorgar en comodato vehículos recolectores de basura, otorga becas escolares y otras ayudas compensatorias otorgadas al arbitrio de los socios, lo que no ha impedido que haya un reclamo ciudadano no escuchado por las autoridades para que se abra un paso libre a la playa actualmente privatizada.
Documentos en poder del corresponsal en la costa / sierra nahua michoacana, muestran como en el plano registrado ante las autoridades para construir el desarrollo turístico, para cumplir con la Ley marcaron dos caminos de acceso libre a la playa, empero, en la realidad es que estos no existen.
En el Reglamento de la LFZMT, se marca que: “Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad nacional, por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales”.
“En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Secretaría solicitará la intervención de la Procuraduría General de la República, para que por su conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso”.