Investiga PGR a funcionarios y notarios

APATZINGÁN, Mich., 11 de febrero de 2014.- Según una nota publicada en El Universal, el gobierno federal investiga los parentescos familiares y la relación que puedan tener funcionarios municipales y estatales con integrantes de la delincuencia organizada.

La nota informativa publicada este martes, señala que la semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no se ha avanzado en acusaciones contra ediles por estar vinculados con el crimen organizado, porque no se tienen elementos ni instrumentos legales para hacer señalamientos.

De acuerdo con autoridades de Gobernación y de la Policía Federal (PF) que se encuentran en los municipios de Tierra Caliente, se realizan investigaciones para determinar la relación familiar y fraternal que existe entre funcionarios municipales y estatales con templarios.

Fuentes consultadas dijeron que entre el personal que se investiga están alcaldes, síndicos, regidores, directores de área, personal de seguridad pública y procuración de justicia, así como notarios.

Los expedientes se integran a partir de testimonios de los habitantes, empresarios e integrantes de las autodefensas que operan en la entidad.

Uno de los funcionarios que están bajo escrutinio del gobierno federal, revelaron, es Uriel Chávez Mendoza, presidente municipal de Apatzingán, quien mantiene parentesco con un presunto líder criminal.

También se investiga a Lila Ceja Canela, síndica municipal, así como a Jaqueline López Cárdenas, hermana de una  capo que presuntamente operaba en Antúnez.

Otras de las personas bajo indagación son Casimiro Quezadas, presidente municipal de Múgica, y Teresa Bustos, síndica del municipio, quien es hermana de la esposa de uno de los líderes del cartel que opera en Michoacán.

Las investigaciones, afirman, comprenden principalmente los municipios de Apatzingán, Parácuaro, Múgica, Huacana, Aguililla, Tepalcatepec, Tancítaro, Buenavista, Gabriel Zamora y Uruapan.

La información recabada incluye los vínculos familiares entre funcionarios y criminales, que fueron utilizados para la creación de empresas, comercios y la concesión de obras para compañías financiadas por el crimen organizado.

También se investiga la aportación de recursos públicos de la delincuencia a campañas electorales en beneficio de alcaldes, síndicos y regidores.

Otra de las líneas de investigación es la relación entre el personal de Ministerios Públicos y notarios, debido a que se ha detectado que el crimen entregaba dinero a los funcionarios para arrebatar propiedades a los pobladores a través de la vía legal.