MORELIA, Mich., 20 de marzo de 2016.- La decisión de construir Ciudad Mujer en Huetamo y no en Múgica como originalmente se planeó con el propósito de atender a las viudas y huérfanos de la violencia generada por el crimen organizado, provocó la inconformidad de los alcaldes de la región que ya se alistan para ir a ver al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Al menos los ediles de La Huacana, Nuevo Urecho, Tumbiscatío y Churumuco, se reunirán al mediodía de este domingo con los diputados local de Múgica, Raymundo Arreola Ortega y el federal, Salomón Fernando Rosales Reyes para definir las acciones que van a realizar para evitar que les arrebaten el proyecto.

Arreola Ortega dijo que el gobierno del estado pretende quitarles el proyecto comprometido por el presidente Enrique Peña Nieto con un argumento sin fundamento ya que si bien es cierto que por el predio de 10 hectáreas donado la realización del proyecto, pasa un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), éste se encuentra a un kilómetro de donde se construirá Ciudad Mujer.

“No hay ningún peligro, en Morelia el parque lineal está sobre los ductos de Pemex y no pasa nada. La paraestatal exige únicamente 50 metros de derecho de vía a un lado de los ductos, pero se trata de un juego político para castigar una zona y premiar a otra”, indicó.

El diputado por el distrito de Múgica informó que la sociedad también se está movilizando y ya hay marchas y mítines, por lo que intentarán también hacerle ver al gobernador que esa zona es donde están las viudas y huérfanos de la violencia y no en Huetamo a donde se quieren llevar el proyecto

Ciudad Mujer es un proyecto cuya finalidad es que las mujeres que han sufrido violencia y sus hijos tengan un lugar donde sean tratadas psicológicamente, asistencia legal y capacitación para el trabajo, anunciado desde 2014, pero a la fecha no se inicia pese a que inclusive se anunció una inversión de 10 millones de pesos del gobierno federal a través de la Sedesol.

Sobre el destino de esos recursos, las senadoras Iris Vianey Mendoza y Luisa María Calderón Hinojosa, a través de un comunicado de prensa, pidieron explicaciones al gobierno del estado el pasado 17 de marzo.