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MORELIA, Mich., 4 de abril de 2015.- Durante el primer trimestre del 2015, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) ha presentado 100 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la retención de un número igual de unidades por parte de estudiantes de las ocho escuelas normales del estado, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCE), Arcadio Méndez Hurtado.
Desde hace 15 años en que los normalistas utilizan la retención de autobuses como medida de presión para que el gobierno del estado ceda a sus demandas, suman más de cinco mil quejas ante las autoridades, indicó el dirigente empresarial.
Cada vez que los normalistas realizan alguna jornada de lucha y secuestran autobuses, las pérdidas diarias en promedio son de 10 mil pesos por unidad y las empresas más afectadas son las locales Paríkuni y Purépechas, aunque también retienen de las líneas Omnibus, La Línea, Enlaces Terrestres Nacionales y Flecha Amarilla.
En esas acciones los pasajeros son bajados de las unidades, pero a la fecha no se tiene registro de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Méndez Hurtado, quien también es presidente de la Canapat señaló que durante las últimas tres administraciones estatales, se ha ofrecido a la iniciativa privada resolver y concluir los expedientes relacionados con el secuestro de unidades, pero los hechos se han tratado más de manera política que jurídica y se mantienen impunes.
La única vez que se actuó fue en octubre del 2012, cuando fueron detenidos 176 normalistas y profesores integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), de los cuales únicamente fueron consignados ante el Juzgado Sexto Penal del distrito judicial de Morelia 49 por sedición, motín y robo de uso.
A nueve de ellos también se les imputó el delito de daño en las cosas por incendio, calificado como grave. Sin embargo, todos salieron libres y no repararon el daño ocasionado.
El procurador de Justicia del Estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro, informó que existen 108 estudiantes sentenciados por delito de daño en propiedad ajena y están pendientes 40 órdenes de aprensión, como una respuesta a los reclamos de los transportistas.
Además de los prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, también son afectadas empresas como Sabritas, Bimbo, Danone, Bonafont, Gamesa, Coca Cola y Lala, cuyos camiones repartidores son retenidos y saqueados, unas veces en el interior de las escuelas normales y otras en las calles y en esos casos los productos son repartidos entre los transeúntes.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desconoce cuántos de sus afiliados han tenido que presentar denuncias y el monto individual o acumulado al que ascienden los daños ya que cada empresa lleva por separado sus denuncias.
El presidente del CCEEM dijo que tanto en el caso de los choferes de las diversas líneas de pasajeros como repartidores de mercancías, la indicación que tienen es la de permanecer a cargo de las unidades, por lo que también permanecen retenidos por los estudiantes aunque algunas ocasiones son bajados de ellas porque les han prendido fuego, como ocurrió en la normal de Cherán, donde quemaron siete autobuses, hace tres años.
“Los choferes se han quedado en su unidad de trabajo hasta por 15 días o un mes; nosotros les llevamos de comer, ya que este es un arreglo realizado con anterioridad con ellos, el cual es remunerado”, Indicó Méndez hurtado.