Gobernantes salidos de procesos sucios, sin autoridad para poner orden

MORELIA, Mich., 5 de noviembre de 2013.- La Cámara de Diputados hizo un llamado a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno de Michoacán para reorientar la estrategia de seguridad y desarrollo implementada en esa entidad, y se sumó a los esfuerzos y acciones que permitan la construcción de un estado con garantías plenas para sus ciudadanos.

En acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también pidió a todos los sectores de la sociedad unificar las acciones que permitan el fortalecimiento y desarrollo social y económico de la entidad con la generación de empleo y el compromiso con la educación y la cultura.

Mencionó que la seguridad es una función básica del Estado, vital para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la aplicación de la fuerza legítima para la protección y el funcionamiento legal de una democracia, y es ineludible la promoción y protección de los derechos humanos.

Previamente, como parte de la agenda de la Cámara de Diputados, las siete fracciones políticas manifestaron en tribuna su posicionamiento respecto a la situación de violencia que prevalece en Michoacán.

La diputada por Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, afirmó que en Michoacán o Tamaulipas “la ley simplemente no existe”, por lo que fue necesario que el Gobierno federal, a través del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal, “recobrara las responsabilidades de seguridad en estas entidades”.

Sostuvo que la inseguridad, la impunidad y la desconfianza hacia las autoridades responsables de procurar justicia, son elementos “cuya combinación nociva explican en mucho lo que está pasando en gran parte de nuestro país”.

Ante esto, dijo, Nueva Alianza está convencida de que para combatir la delincuencia de manera eficaz, “es menester una política integral de seguridad pública y de confianza hacia todos los órdenes y autoridades de gobierno”.

Por parte del PT, Alberto Anaya Gutiérrez manifestó su acuerdo en que se realicen acciones de seguridad donde no solamente se involucren el Gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, los cuerpos policiacos, el Ejército y la Marina o el gobierno estatal y municipal, sino la sociedad en conjunto.

Acusó que en muchas regiones del país -no sólo en Michoacán-, el crimen organizado se ha infiltrado en los tres niveles de gobierno. “Los policías se encuentran en sus narco-nóminas y no están para proteger a la población, sino para protegerlos a ellos o bien en coadyuvar en sus acciones de delitos”, agregó.

Por ello, consideró que la solución al crimen organizado “sólo con acciones del Ejército y de fuerza, es equivocada”, pues deben ponerse en marcha políticas sociales. “Deben ser programas de empleo, programas de becas para los jóvenes, de impulso al desarrollo regional y sectorial”, subrayó.

En tanto, Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el deterioro y la inseguridad en el país no es producto de “generación espontánea ni una calamidad bíblica”, sino que tiene su origen, en gran medida, en la manera como se constituye el poder político en el país.

“Los gobernantes que surgen de procesos políticos manchados no tienen la autoridad para imponer el orden pues quien negocia con grupos criminales para abastecerse de recursos económicos o amedrentar a sus adversarios, termina por someterse a ellos”, agregó.

Sostuvo que de no construirse “desde abajo” un nuevo modelo de coexistencia política y social, “la República terminará por derrumbarse” y señaló que sin un cambio verdadero y un nuevo rumbo para la nación “este país no podrá salir adelante”.

En el posicionamiento del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar aseguró que una manera para resolver el problema en Michoacán, es destinando recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para las necesidades del estado, y no “con declaraciones absurdas que solamente pretenden sacar raja política”.

Precisó que su fracción parlamentaria se suma a las tareas que se puedan emprender a favor de la entidad, pues “sabemos que son muchas las necesidades y muchas las acciones que se requieren”.

Por el PRD, la diputada Verónica García Reyes destacó que empresas que contribuían de manera importante al desarrollo económico de Michoacán, han abandonado su territorio, por lo que la entidad “vive no sólo una crisis política y de seguridad, sino también una grave crisis económica”.

Ante esta problemática, propuso que el Estado mexicano, en su conjunto, tome medidas financieras y presupuestales que garanticen al empresariado de Michoacán la reactivación de la actividad económica en la región.

Por otra parte, expresó que su grupo parlamentario considera necesario llegar a un acuerdo “para superar la emergencia con el mejor método que nos permita la movilización a todas y todos los actores políticos, para que desde nuestras trincheras podamos generar las mejores condiciones para el pleno establecimiento de la normalidad democrática en el estado”.

En tribuna, por parte del PAN, la legisladora Martha Berenice Álvarez Tovar estimó que la crisis en Michoacán es un asunto de seguridad nacional; por ello, “el Gobierno federal debe invertir de manera inteligente y contundente contra los grupos criminales que llevan años operando en la entidad y que amenazan con diseminarse al resto del país”.

Hizo un llamado al Ejecutivo federal para implementar una estrategia basada en la inteligencia y focalizada en los municipios con foco rojo en el tema de seguridad. “El Estado debe tener el monopolio de la fuerza legítima para que pueda llamarse Estado, en su función de garantizar el orden y la paz pública, así como el Estado de derecho”, sostuvo.

Recordó que la fracción política a la que pertenece, coincide en que la violencia se ha recrudecido en todo el país, siendo Michoacán “la cima más visible del problema”, por lo que advirtió que “no es posible afrontar este tipo de eventos sin una estrategia sólida y eficaz porque en México el tema de seguridad no se puede improvisar”.

Por último, el legislador Eligio Cuitláhuac González Farías, del PRI, dijo que tanto el Gobierno federal como el de la entidad han reconocido rezagos y problemas; sin embargo, “están en la ruta correcta de la coordinación institucional”.

“Hoy tenemos a un gobierno federal coordinando acciones, no solamente en materia de seguridad sino también en materia de desarrollo social y de infraestructura, y hoy Michoacán necesita y requiere el apoyo de todos nosotros”, expresó.

Reconoció que existe un interés de todos los grupos parlamentarios para ayudar al estado, e invitó a sus colegisladores a reflejar dicho interés en el PEF 2014, “porque nuestro asunto no se resuelve con discursos, se resuelve con recursos para que le vaya bien a Michoacán”.