MORELIA, Mich., 8 de agosto de 2015.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) marca un hito en la legislación que protege a este sector; sin embargo, su aplicación es una tarea que llevará algún tiempo y aún queda pendiente la armonización de la ley y las instituciones con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de Naciones Unidas.
Según un comunicado de prensa, en su investigación “La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: génesis del Estado de Derecho para la infancia y adolescencia en México”, establece que se requiere un amplio proceso de revisión de la legislación en el país, tanto a escala federal como en la estatal y municipal.
Lo anterior debido a que la nueva ley, aprobada en noviembre del año pasado, implica un tratamiento jurídico a la infancia y adolescencia distinto del que se encuentra plasmado en leyes, reglamentos y normas actuales, por lo que debe haber una revisión minuciosa a fin de armonizar esos instrumentos jurídicos con esta legislación.
La diferencia radica en que aunque en la Constitución los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, éstos quedaban reservados sólo para los “agentes autónomos”, es decir, a aquellos con capacidad para tomar decisiones independientes.
El IBD señala que algunos de los ordenamientos que necesitan reformarse urgentemente para la aplicación de la LGDNNA son: la Ley General de Educación, el Código Civil Federal, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Migración, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Juventud.
Además, la investigación detalla las instituciones que deben ser creadas a partir de la ley, y las cuales llevarán tiempo; éstos son: los sistemas de protección integral y sus secretarías ejecutivas y las procuradurías de protección, en los niveles nacional, estatal y municipal.
Por otro lado, a pesar de que la LGDNNA desarrolla y amplía los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y establece obligaciones correlativas, así como mecanismos para su garantía; aún quedan importantes desafíos que deben ser abordados en los próximos años para lograr la garantía plena de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes como sujetos jurídicos, señala el IBD.
Uno de ellos implica a los menores de edad privados de cuidado parental, “sin duda uno de los sectores más invisibles y vulnerados de la sociedad”, refiere la investigación.
Otros desafíos son: trabajar en la accesibilidad de los mecanismos de garantía, restitución y reparación de los derechos; la aprobación de leyes y la creación de los sistemas y procuradurías en las entidades federativas y municipios; la armonización legislativa transversal en el ámbito federal; y las libertades, especialmente el derecho a intervenir en todos los asuntos que los afectan.