Gana gobernador 3 mil 460 pesos al día, 52 veces más que un ciudadano

MORELIA, Mich., 15 de julio de 2014.- Un estado no puede hablar de justicia social, cuando la brecha entre los sueldos de la población es abismal en relación a los de la llamada alta burocracia y los representantes populares, subrayó el diputado local por el distrito de Puruándiro, Erick Juárez Blanquet.

De acuerdo a un comunicado de prensa, bajo esa tónica el legislador de extracción perredista, presentó una iniciativa de reforma en la materia a la Constitución Política del Estado, así como una propuesta de Ley que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos para el  Estado, mismas que espera encuentren eco en el Congreso como un acto de sensibilidad y congruencia de la LXXII Legislatura local a la difícil situación económica por la que atraviesa Michoacán.

El diputado apuntó que mientras el salario mínimo para los trabajadores del estado se ubica en los 63.77 pesos al día, el gobernador gana tres mil 460 pesos diarios, y un funcionario de primer nivel, tres mil 331 pesos, es decir perciben 52 veces más que un ciudadano de a pie en su jornada diaria de ocho horas.

Pero además, Juárez Blanquet recordó que la alta burocracia tiene acceso a recursos para telefonía, transporte, viáticos, seguros médicos, entre otros adicionales a su sueldo.

Apuntó que la idea de crear una nueva Ley sobre la remuneración  de los servidores públicos, surge de un hartazgo de la población ya que el tema de las percepciones de los servidores públicos es uno de los más discutidos y criticados por la sociedad.

“Ante tal situación financiera por la que estamos pasando en Michoacán, los funcionarios públicos estamos obligados a sujetarnos a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria la cual está alejada  de la realidad social, mediante un régimen de remuneraciones equitativo e igualitario que sea  transparente hacia la ciudadanía”.

Juárez Blanquet lamentó que en Michoacán exista discrecionalidad en la asignación de sueldos, lo que  deriva en gran medida por la falta de criterios claros que establezcan un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y a las finanzas públicas del Estado.

Refirió que su propuesta establece los parámetros bajo los cuales se habrán de determinar las remuneraciones de los servidores públicos de  los tres niveles  de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  los organismos autónomos, así como los Municipios y todo ente público del Estado.