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MORELIA, Mich., 25 de mayo de 2014.- Alrededor de cinco mil familias de la región de la Costa del estado se quedaron sin un ingreso económico a raíz del operativo del gobierno federal para regularizar la actividad minera, reconoció la diputada por el distrito de Lázaro Cárdenas, Silvia Estrada Esquivel, quien sin embargo calificó como acertada la intervención de las autoridades.
En entrevista, la diputada explicó que “era sabido por todos” el involucramiento de extranjeros en este sector económico de la región, así como las irregularidades que se cometían al interior del mismo, por lo que confió en que la regularización de la actividad minera, permitirá lograr mejores resultados para la reactivación económica de la región.
Estrada Esquivel indicó que aunque los beneficios no se reflejarán a un corto plazo, por lo menos a partir del próximo año, los municipios con actividad minera recibirán un ingreso adicional, lo que fortalecerá a las arcas municipales y ampliar las obras y acciones encaminadas al desarrollo integral de la población.
Explicó que debido a que la actividad minera en aquella región representa un porcentaje importante en la economía, actualmente se hace evidente la preocupación de las familias y empresarios que dependen de este sector.
“Hubo muchas personas que se quedaron sin empleo, así como algunas empresas, dedicadas a la renta de maquinaria, que se quedaron sin trabajo, e incluso endeudados con algún crédito después de que habían decidido invertir en este sector, es triste ver como pasamos y vemos algunos terrenos con maquinaria parada y sin trabajadores”, puntualizó.
De esta manera, la legisladora consideró que la población deberá ser paciente y esperar a que la intervención de las autoridades federales, genere los resultados a favor de la población, principalmente.
Es de señalar que en los primeros días de marzo, el comisionado de Seguridad, Alfredo Castillo informó que a raíz de un operativo en el puerto de Lázaro Cárdenas, se logró el decomiso de 119 toneladas de minerales, 124 maquinarias pesadas y la captura de seis personas de origen asiático, lo que representó el mayor golpe a la estructura financiera del grupo criminal de Los Caballeros Templarios, que operaban a través de empresas nacionales y extranjeras que presuntamente realizaban operaciones ilícitas.