Confirma requerimiento del IEM para registro de candidaturas
MORELIA, Mich., 20 de mayo de 2016. – La Secretaría de Seguridad Pública, de 2015 a la fecha, únicamente ha logrado ganar el 28.9 por ciento del total de demandas por cese de labores a policías y debe ya 30 millones de pesos.
La citada dependencia ha tenido que enfrentar 392 demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), de las cuales 304 han sido a favor de los particulares y 22 a favor de la dependencia, de acuerdo con memorial del citado tribunal.
Con el 71.1 por ciento de juicios perdidos ahora la dependencia debe cubrir el monto total 30 millones de pesos, lo que equivale al 7.42 por ciento del total de su presupuesto anual 2016, mismo que fue incrementado a principios del año con 90 millones.
Esta cifra se remite exclusivamente a las demandas por cese de funciones a los policías luego de que no aprobaran los exámenes de control y confianza, pero también enfrenta otro nutrido número de juicios.
El 7 de enero de 2016, según página oficial del TJAM, el tribunal falló a favor de un ex oficial de la Secretaría de Seguridad Pública por la falta de pago de prestaciones de ley.
A la fecha no se ha dado a conocer a cuantos asciende el número de elementos que han sido cesados en lo que va del año por no aprobar los exámenes de control y confianza, no obstante, de que esta citada dependencia ha recibido una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos especialmente sobre el tema de despidos, esto luego de que se despidiera a un elemento por reprobar.
La recomendación del 4 de enero de 2015 dice a la letra:
“Segunda. En atención a la garantía de la no repetición debe abstenerse en el futuro de dictar resoluciones administrativas que resuelvan la separación definitiva o cualquier otro acto que signifique la afectación o privación de derechos…”.
La queja que dio origen a la recomendación fue interpuesta luego de que se violara el principio de legalidad en resolución administrativa, el fallo fue evidentemente a favor, con lo que se obligaba a la dependencia a resarcir el daño.