SANTA FE DE LA LAGUNA, Mich., 15 de mayo de 2015.- La destrucción de un tejaban de madera y lámina de cartón en un predio de esta comunidad del municipio de Quiroga, en el que se pretendía construir un templo cristiano, es un conflicto de autoridad no de creencias religiosas como se pretende mostrar en un video que circula en redes sociales.
Las autoridades civiles, comunales y eclesiásticas de esta comunidad indígena aseguran que la fe es sólo un pretexto para romper la armonía al ignorar los usos y costumbres así como a la máxima autoridad que es la asamblea en la que ocho mil comuneros tienen voz y voto.
Reunidos en la jefatura de tenencia, los jefes civil y comunal, un juez menor y encargados de los 8 barrios en los que se divide la comunidad, luego de un repique de campanas, acceden a contar la historia de lo que ocurrió la tarde del 10 de mayo, pero no ante la cámara y la grabadora y se reservan sus nombres para evitar que los identifiquen y vayan por ellos y los encarcelen, aunque finalmente accedieron a la cámara ante la que hicieron un resumen de los hechos
“No somos bárbaros, aquí respetamos la Constitución y la libertad de creencias, a nadie se le ha molestado por eso, aquí es por no acatar los requerimientos de las autoridades”, advirtieron.
Para entender lo que ocurrió, explicaron que intentan conservar la organización comunal que concede derechos como bajar leña del monte, pescar en la laguna, trabajar en el bosque o en la agricultura y un terreno donde vivir que se puede heredar, pero no vender porque no se reconoce la propiedad privada. La contraparte de esos derechos son algunas obligaciones como las faenas y las cooperaciones para las fiestas patronales.
Para construir algún inmueble en el que se presten servicios públicos como una escuela, un hospital o una iglesia, se debe solicitar permiso a las autoridades comunales y civiles y ser autorizado por la asamblea.
Sin embargo, una familia oriunda de la comunidad que durante varios años estuvo fuera, regresó y, en el predio que se le otorgó para vivienda, intentó comenzar a construir una iglesia cristiana con el apoyo de otros comuneros, que en total suman 25, quienes comenzaron a negarse a cumplir con sus obligaciones como parte de la comunidad.
Los encargados del barrio San Juan II, cuando se percataron de que estaban empezando a construir de manera subrepticia, durante dos o tres noches de la semana, algo más que una vivienda, les pidieron a los usufructuarios que solicitaran el permiso correspondiente, pero los ignoraron pese a que lo hicieron tres o cuatro veces.
Se planteó en varias ocasiones a la asamblea y, en la del domingo pasado, se tomó la determinación de ir a quitar lo que había: un tejaban, algunos cimientos y una barda de menos de un metro de alto. Antes les pidieron que salieran y sacaran algunas bancas que tenían bajo el tejabán. Los afectados respondieron con insultos y en respuesta los comuneros prendieron fuego a algunos murillos de madera de láminas de cartón.
En un recorrido por el lugar se corroboró que no había una iglesia, Se trata de un predio en breña, con vista a la laguna y los restos muestran que apenas había cimientos en una extensión de unos ocho por ocho metros y unos 10 murillos carbonizados.
Después de eso, los afectados presentaron denuncia contra las autoridades civiles y comunales, incluidos los dos jefes de tenencia, dos integrantes de bienes comunales, un juez menor, cinco encargados de barrio y 15 comuneros, además de que subieron a Youtube el video de la destrucción de la supuesta iglesia cristiana.
La familia que se convirtió al cristianismo y sus seguidores siguen en la comunidad ya que hasta ahora a nadie se ha expulsado, a lo más que se ha llegada es a cortarles el suministro del agua y no como castigo sino para que se entienda que hay una organización que se debe respetar, indicaron las autoridades.
El párroco del lugar, Antonio Ramírez, coincidió con las autoridades civiles y comunales en cuanto a que no se trata de un conflicto fe sino que es estrictamente de autoridad, por lo que exhorto a todas las partes a respetarse.
“Yo creo que solo se trata de un desacato a las autoridades que aquí son por usos y costumbres y se les tiene mucho respeto”, señaló.