De $6,414, costo promedio de preso por posesión simple de mariguana

MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2015.-Diputados y expertos coincidieron en que se requiere legislar sobre una política de drogas, regulación de consumo y posesión; la mayoría de las personas detenidas es por posesión simple de mariguana.

Según un comunicado de prensa, durante el foro “Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: los costos sociales de las políticas de drogas”, el diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) indicó que se requiere modificar la legislación en torno a este tema, ya que el principal costo es el encarcelamiento de personas por posesión simple.

Este tema tiene muchas discusiones, dijo, y México requiere una política de drogas y llevar a cabo políticas de reducción de riesgos y daños, de manera adecuada.

Parte del problema, continuó, está en la tabla de porcentaje de consumo de sustancias, que “automáticamente te hace narcomenudista si tienes 6 gramos de mariguana”, esto es absurdo cuando hay países que toleran entre 20 y 25 gramos de cannabis, cantidad que comúnmente compra un consumidor.

“La tabla criminaliza a las personas, por lo que el primer paso que tiene que darse es cambiarla, si se considera además que el 80 por ciento de las personas que consumen alguna droga lo hacen con mariguana”.

Llerenas Morales señaló que este es un tema de mayor importancia, por lo que el gobierno federal debe contar con un responsable de política de drogas y un plan en el mismo sentido; “lo que tiene son voces que dicen cosas distintas y sin un programa claro respecto a este asunto”, opinó.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (PRI) dijo que México no está ajeno al debate, pero no se puede tomar una decisión sin considerar nuestras fronteras y el entorno latinoamericano en el que nos encontramos.

Destacó que la realidad del país exige una política de prevención mucho más innovadora, cuando Estados Unidos tampoco ha podido disminuir su consumo, sino todo lo contrario.

Benítez Tiburcio destacó que las naciones tienen que analizar el tema desde un punto de vista no sólo legal, sino médico, psicológico y sociológico, a fin de saber cuáles son las mejores medidas para implementar y prevenir las adicciones.

El Congreso de Unión, resaltó, tiene que entrar al debate porque quienes tendrán la obligación y responsabilidad de llevar a cabo cambios importantes en la política de drogas y regulación de consumo y posesión, será el propio Poder Legislativo.

La diputada federal por Oaxaca informó que el próximo año, en abril de 2016, habrá una sesión especial de drogas en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que indica que hay una inquietud a nivel global por debatir y valorar la estrategia proteccionista que se ha llevado a cabo, “una política que ha generado muertes, costos en términos de gasto público, sociales y al medio ambiente”, aseguró.

De Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA), Estados Unidos, Coletta Youngers, dijo que este país tiene pendiente el primer proyecto de ley para reformar las políticas de drogas, pero es muy probable que lo apruebe antes del fin de 2015. “Este sería un primer paso importante, no radical pero bajaría algunas penas y daría mayor flexibilidad para evitar sentencias, además mostraría el interés por parte del gobierno por comenzar a cambiar el paradigma que se tiene en la materia”.

Mencionó que Estados Unidos “en gran medida ha sido el arquitecto del régimen internacional sobre el control de drogas y ha exportado sus leyes en la materia a toda la región con consecuencias negativas; hoy reconoce que fue un error, que no sólo no hemos tenido impacto en el negocio de drogas, sino que hemos pagado costos altos en términos de los encarcelados y sus familias, principalmente en comunidades de afroamericanos y latinos”.

Precisó que las dos vías para reducir el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles es repensar las leyes de droga y reformarlas, a fin de asegurar la proporcionalidad en las penas y alternativas de encarcelamiento.

En el panel 1: “Encarcelamiento y costos sociales de la política de droga en México y América Latina”, Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), resaltó que actualmente 18 mil 370 personas están internas por delitos contra la salud, la mayor parte son hombres; alrededor de 35 por ciento de los sentenciados es por posesión simple de drogas, principalmente mariguana.

Señaló que el costo promedio nacional de una persona encarcelada por posesión simple de mariguana es de 6 mil 414 pesos.

Pérez Correa recalcó que las personas que están en la cárcel por delitos contra la salud en México van en aumento, ya que para enero de 2015 había 24 mil internos en los centros federales, en tanto 42 por ciento correspondían a delitos por drogas.

Entre 2006 y 2014, añadió, fueron detenidas 453 mil personas por delitos contra la salud, de las cuales 73 por ciento fueron por su posesión y consumo.

De acuerdo con información de 17 procuradurías, la mariguana es la principal sustancia que se investiga en los sistemas locales. Las principales conductas perseguidas siguen apuntando hacia la criminalización de los consumidores y las alternativas que plantean es la de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones, donde hay evidencia de que estos no reducen el consumo o los delitos que se llegan a realizar bajo el efecto de las drogas.

Ante ello, señaló que es necesario conocer cómo se utilizan los recursos del sistema penal en materia de política de drogas, qué trabajo hacen los policías, cuando algunos detienen por posesión simple de mariguana.

De Intercambios, Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, Alejandro Corda declaró que una de cada 5 personas fue detenida por delitos de drogas, por lo que la población en prisión por esta causa crece a un ritmo mucho más acelerado que la población en prisión en general.

Coincidió en la necesidad de replantear la actual estrategia, moderar las penas y establecer alternativas de prisión, principalmente en personas en situación de vulnerabilidad como las mujeres, quienes venden droga intentando cumplir el rol de cuidar el hogar.

En su intervención, Deni Álvarez Icaza, del Instituto Nacional de Psiquiatría, comentó que la mariguana se encuentra en el octavo lugar de drogas, por lo que su consumo está lejos de ser un problema de salud pública.

En tanto, continuó, el encarcelamiento de sus consumidores los expone a adversidades que tienen que ver con el grado de hacinamiento y prohibición de necesidades básicas de higiene y cuidado, aunado a tratos crueles que van en contra de sus derechos humanos; además, en la cárcel están expuestos a consumir drogas duras que tienen consecuencias más graves para la salud.

Asimismo, presentan mayor riesgo de enfermedades infectocontagiosas como gripe y tuberculosis y enfermedades de trasmisión sexual, donde la frecuencia o prevalencia de VIH en las cárceles en México es de 1 por ciento, 4 veces más que el de la población general.

De la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, Álvaro Santos expresó que del 2001 al 2006 se calcula que hubo 9 mil asesinatos por el crimen organizado y del 2006 al 2012, 60 mil, aproximadamente.

Mencionó que en México, a finales de los ochenta, un tercio de la cocaína pasaba por nuestro país, 50 por ciento a fines de los noventa y al finalizar el siglo entre 70 y 80 por ciento. “Esto trajo nuevos actores en el mercado mexicano que incrementó la competencia e irrupción de las reglas establecidas”.

En el caso de la mariguana, agregó, es cada vez es más absurdo librar una guerra con productores y distribuidores cuya prohibición es cada vez menos en gran parte de Estados Unidos.

El evento que se realizó en las instalaciones de San Lázaro fue organizado en colaboración con el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) y el Programa de Política de Drogas del CIDE.