Deja robo de gasolina pérdidas por 4,700 mdd en 5 años

MORELIA, Mich., 24 de octubre de 2013.- Durante la primera de las “Audiencias Públicas rumbo a la Reforma Energética, iniciativa del titular del Poder Ejecutivo”, diputados de la Comisión de Energía se reunieron con el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Enrique Ochoa Reza, quien informó que en los últimos cinco años, el robo de gasolina reportado por Pemex es de cerca de 4 mil 700 millones dólares, “por lo que es un elemento que nos debe preocupar a todos”.

Explicó que la Secretaría de Energía, coordinada con Pemex, está trabajando con las autoridades competentes para establecer una estrategia contra el robo de combustibles. “Pronto estaremos en comunicación con ustedes para pedirles actualización al marco jurídico”, dijo.

En cuanto a la producción de crudo, informó que a partir de 2004 se llegó a la cifra máxima histórica de 3.4 millones de barriles diarios; a la fecha, la producción petrolera ha declinado en casi un millón de barriles, para ubicarse hoy en 2. 5 millones de barriles diarios.

Por ello, dijo que el Ejecutivo promueve una reforma constitucional para quitar la prohibición en el artículo 27, párrafo sexto, que actualmente establece que “para la explotación de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos no se permiten contratos ni concesiones”.

La propuesta del Ejecutivo, agregó, es eliminar la restricción a contratos y permitir otros adicionales a los contratos de servicios que permitirían compartir riesgos y un mecanismo más afortunado para México.

“Somos el único país de América Latina que limita la participación privada en los sectores de refinación, petroquímica básica y para transporte y almacenamiento”, enfatizó.

El diputado Javier Treviño Cantú (PRI) señaló que los objetivos principales en la reforma energética, (que se encuentra en el Senado de la República) son fortalecer a Pemex para hacerla más competitiva, abrir el sector energético a la inversión privada y fortalecer la capacidad reguladora del Estado.

Cuestionó por qué la urgencia de hacer una reforma energética y cómo participarían la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, una vez que se apruebe esta reforma. Asimismo, cómo ve el futuro de los ingresos petroleros y si estarían las empresas privadas interesadas en invertir con un régimen de utilidad compartida.

El legislador Luis Ricardo Aldana Prieto (PRI) opinó que debe haber una regulación y reglas claras para la inversión privada. Comentó que el mercado que hoy tiene Pemex en petrolíferos es de un millón 300 mil barriles diarios y únicamente entrega en un 48 por ciento del reparto total del país, por lo que consideró que se debe cuidar el mercado que hoy es de la paraestatal.

En su turno, el diputado Rubén Camarillo (PAN) sostuvo que los monopolios, privados o públicos, no ayudan a la economía del país. Aclaró que “no es nuestra intención que desaparezca Pemex, por el contrario que se fortalezca; permitámosle ser una empresa productiva no una entidad paraestatal de la que dependen muchísimos objetivos que van más allá de lo que una empresa debería estar cuidando”.

Enfatizó que el objetivo del Estado mexicano es y debe ser maximizar la renta petrolera y consideró que con la contribución y participación responsable y ordenada de otras entidades, esa renta se puede maximizar. “No hay la intención de compartir la renta petrolera con ninguna empresa extranjera, no hay la intención de que se lleven nuestro petróleo”.

Carlos Fernando Angulo Parra, del PAN, cuestionó cómo se puede atraer la inversión de manera eficiente para aprovechar la riqueza de hidrocarburos, y qué se hará en el tema de la regulación para que el Estado mexicano no corra el riesgo de que “nos vayan a chamaquear nuestras contrapartes en los contratos de utilidad compartida, porque hay mil y una formas de determinar la utilidad”.
Por el PRD, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier se manifestó en contra de la reforma porque en los contratos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la que determinará el porcentaje de utilidad para Pemex y para el Estado; “para el primero, únicamente se consideraran los ingresos, gastos o inversiones del contrato de que se trate”.

El régimen, añadió, “se basa en la violación de los artículos 27 y 28 constitucional al sentar bases de contratos de utilidad compartida, asignaciones en exploración para privados y establecer regalías y dividendos con sociedades mercantiles y socios particulares. Esta reforma, dijo, es violatoria y es un recurso que se le está quitando a los mexicanos y no ayuda a la paraestatal”.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) inquirió cuánto de las utilidades se van al hoyo negro llamado corrupción y qué acciones ha desarrollado el gobierno Federal”; también, qué garantías tendrá el Estado para tener un control en la explotación y extracción de los hidrocarburos.

Por su parte, el diputado Javier Orihuela García (PRD) consideró que se deben guardar los recursos de hidrocarburos para las futuras generaciones o para emergencia, por lo que cuestionó por qué se quiere producir más.

En tanto, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) comentó que es el momento preciso para buscar y tener nuevas oportunidades, y cuestionó cómo se impulsarían las energías renovables para aprovechar los recursos. Asimismo, dijo, no se conoce cuál es la estrategia para prevenir una crisis del abastecimiento del gas natural.

Preguntó cuál será la estrategia que llevará a cabo en el tema del mercado ilícito, ya que se ha puesto como un problema de seguridad nacional todo lo que tiene que ver con el robo de hidrocarburos.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) preguntó cómo se puede mejorar el régimen fiscal de Pemex y transparentar los contratos para que toda la gente tenga certeza de ello.

Reconoció que no se está trabajando en aguas profundas y eso “nos limita cada vez más y que el gas cada vez cueste más”. Pidió capacitar a los jóvenes para darle resultados a la empresa.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Sener detalló que de 1997 a la fecha el monto invertido en producción de petróleo y de gas ha aumentado considerablemente, es decir, “estamos invirtiendo mucho más que antes y produciendo menos”. Sin embargo, no hay una crisis económica asociada con la caída en la producción petrolera porque el precio internacional del barril del petróleo se ha triplicado al pasar de 30 dólares por barril en 2004 a 103 dólares, actualmente.

Destacó que México es el sexto país más importante en reservas de gas natural que se tiene en el subsuelo. Precisó que en 1997, el país era autosuficiente en la producción y consumo y ahora importa una tercera parte que compra a empresas particulares mexicanas o extranjeras que producen este gas al otro lado de la frontera. El consumo del gas natural, añadió, ha aumentado porque es el combustible para producir energía más barata y eficiente en términos ambientales.

El funcionario señaló que las importaciones del país están en el 65 por ciento del consumo de los petroquímicos y si Pemex quisiera asociarse con empresas privadas para desarrollar petroquímicos en territorio nacional, el marco constitucional no se lo permite.

En consecuencia, agregó, los empleos que genera esta industria, el crecimiento económico, “los impuestos que pagan estas empresas por vendernos los productos que se compran hasta un 65 por ciento del consumo nacional, están en otro país; por ello requerimos una reforma constitucional.

Refirió que en 1996, por cada dólar que importaba México, exportaba casi 7 dólares; y al día de hoy por cada dólar que importa, exporta solamente 1.6 dólares. Es decir, esta es la tendencia que marca que si no hay una reforma de fondo “estamos destinados a ser un país importador neto de energía primaria, lo que sería un problema de competitividad, de falta de generación de empleos, de falta de recursos fiscales y de crecimiento económico.
México descansa en un marco jurídico muy limitativo para extraer el petróleo y el gas. “En campos convencionales donde se tienen grandes conocimientos y Pemex es campeón porque es una gran empresa, esos contratos pueden ser suficientes”; sin embrago, para campos no convencionales o para aguas profundas donde están tres cuartas partes de las reservas futuras del país, seguir con estos contratos significaría que México tendría que correr con todos costos y riesgos financieros, lo que significaría un elemento restrictivo y desfavorable.

Por ello, se promueve una reforma constitucional que quite la prohibición en la artículo 27, párrafo sexto, para eliminar la restricción a contratos y permitir otros adicionales a los de servicios que permitirían compartir riesgos y un mecanismo más afortunado para el país. “México es el único país de América Latina que limita la participación privada en los sectores de refinación, petroquímica básica y para transporte y almacenamiento”, sostuvo.
Precisó que se requiere fortalecer a los órganos reguladores y darles dientes para que puedan hacer los cotejos oportunos de la producción de petróleo y gas con respecto a lo que se reporta como extraído. Aclaró que eso va también para Pemex y para cualquier empresa particular que participe en el sector, eso va indistintamente de quién extrae los recursos.