MORELIA, Mich., 28 de julio de 2015.- “Cemeí será quien nos indique si las armas se van o se quedan”, sentenció uno de los policías comunitarios encargados del reguardo en Santa María de Ostula, municipio de Aquila.
Tras dictarse el auto de formal liberad para el comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, el comunitario entrevistado -quien omitió revelar su identidad- declaró que con esto se cumple tan sólo el “primer objetivo”, al enfatizar que la operación civil en toda la costa michoacana prevalecerá, mientras el gobierno estatal no garantice la seguridad en esta región.
“Estamos esperando a Cemeí, pero aún falta garantizar la seguridad de nuestras comunidades”, subrayó al destacar que la Sierra-Costa se encuentra en un latente peligro de un resurgimiento del crimen organizado.
En este sentido, señaló que criminales identificados en esta región como Federico González Medina, alias “Lico” y Jesús Cruz Virrueta, alias el “Chuy Playas”, se mantienen a la espera de que la Fuerza Rural costera se debilite, a fin de retomar sus acciones delincuenciales.
“El gobierno sabe dónde están y al parecer no quieren hacer nada”, refutó, al puntualizar que de no consumarse la detención de estos “criminales”, la crisis en materia de seguridad en la costa michoacana no será erradicada.
Ante la propuesta del gobierno federal de depurar a las policías comunitarias que fungen actualmente en la entidad, descartó que por lo menos en la Sierra-Costa se vaya a permitir esta acción, pues aseguró que en esta región “se trabaja en contra de los criminales, y no con ellos”.
No obstante, reconoció que en municipios como Coalcomán, la presencia del crimen organizado ha logrado penetrar en la Fuerza Rural, por lo que no descalificó esta determinación en algunas localidades.
“Que investiguen y se den cuenta que acá no somos delincuentes”, subrayó.
Incluso, resaltó que buscarán que los compromisos que en su momento el ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se cumplan, pues aseguró que no se han concedido las 50 plazas extras que los gobiernos estatal y federal prometieron para las policías comunitarias costeras.
Por otra parte, advirtió que el asesinato de Edilberto Reyes García -el infante que cayó durante los conflictos registrados en Aquila- vaya a quedar en la impunidad, pues insistió en que elementos del Ejército Mexicano fueron los que accionaron en contra del menor.
“Queremos castigo sobre los soldados que mataron al niño. Esto no se va a quedar así”, amagó.
Destacó que los comuneros han recibido visitas de autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para determinar si el gobierno estatal podría tener algún vínculo con el crimen organizado.
El comunero fue preciso en que seguirán a las órdenes de Cemeí, a quien esperan con ansia en Aquila para que se definan las acciones que los comunitarios en esta localidad tomarán ante los atentados que dicen haber sufrido por parte de las autoridades.