MORELIA, Mich., 29 de junio de 2014.-De confirmarse la información que publicó la abogada Talía Vásquez Alatorre sobre el traslado de José Manuel Mireles Valverde al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11 en Hermosillo, Sonora, el líder de las autodefensas estaría compartiendo su encierro con el capo Rubén Jiménez Enríquez, alias el Rubio o el R-1, cabecilla de la Familia Michoacana en Aguascalientes.
Entre otros señalamientos, Rubén Jiménez fue señalado como propietario de una “Narco-casa de campaña” en Aguascalientes en cuyo interior fue localizada propaganda política, lo que generó que en su momento la PGJE señalara que había una campaña financiada por la organización criminal de la Familia Michoacana.
Ha trascendido que Mireles podría ingresar de un momento a otro en el penal de máxima seguridad construido con inversión privada e inaugurado el pasado 2 de octubre de 2002 por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Está ubicado en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino en el kilómetro 33+800, desviación a la derecha kilómetro 4.
En su semana inaugural ingresaron mil 849 reos, aunque su capacidad máxima le permite albergar 2 mil 500; en el grueso de la población son personas sujetas a proceso o sentenciados por delitos de carácter federal, principalmente por delincuencia organizada.
En su momento, el gobierno federal lo anunció como “el más grande y moderno del mundo”, sin embargo, ello no lo ha exonerado de la controversia toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó varias irregularidades, a tan solo un año de su puesta en marcha.
Traslado irregular de reos, incomunicación, encierro prolongado en celdas, inexistencia de clasificación de reos, deficiente alimentación, servicios de salud de mala calidad, falta de capacitación para el trabajo, actividades recreativas y personal insuficiente, fueron los rubros señalados por la CNDH.
De acuerdo al reporte de diarios locales, el organismo recibió 47 quejas de internos que fueron trasladados sin previo aviso a ellos, ni a sus familiares y abogados, alejándolos del lugar donde iniciaron sus procesos judiciales.
En el 2013, la CNDH emitió la recomendación 35/2013 al entonces comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, a quien solicitó que antes de ingresar a los reos, se garantizara que el implicado tuviera la posibilidad de defenderse en el proceso que se sigue en su contra.