MORELIA, Mich., 18 de julio de 2014.-El albergue La Gran Familia carece de registro ante la Junta de Asistencia Privada, instancia encargada de normar y vigilar el funcionamiento de las instituciones de esta naturaleza en la entidad, informó la titular de este órgano, Leticia Vázquez.
La funcionaria estatal detalló sin embargo, que hubo intentos de la institución a su cargo para invitar a Mamá Rosa a que se diera de alta para poder apoyar, supervisar y en su caso sancionar a la casa hogar.
“Nosotros en varias ocasiones los invitamos a que se integrarán y estuvieran en la legalidad, fuimos al domicilio y en una ocasión nos recibió el documento de exhorto un jovencito que no quiso dar ni su nombre y en otra ocasión ni la puerta abrieron”, dijo.
Destacó que la última invitación que se le hizo fue en febrero de este año y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de Michoacán establece que al paso de seis meses, de no atender el exhorto se podrá dar aviso a una serie de instituciones para que intervengan, como es el caso de la Secretaría de Salud, Derechos Humanos, Procuraduría de Justicia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que checaran las condiciones, pero el cateo realizado por fuerzas federales ocurrió antes de la fecha límite.
Informó que actualmente en Michoacán existen 50 casas hogar, de las cuales 42 están activas y ocho más en proceso de extinción o de regularización, es decir, estas últimas no cumplen con el objeto asistencia o no tiene recursos, entre otros.
Finalmente, Leticia Vázquez fue cuestionada sobre si existen algunos otros albergues que pudieran tener algunas irregularidades, a lo que respondió que sí, pero no al nivel de los problemas que tenía La Gran Familia.
De acuerdo con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de Michoacán, la Junta debe realizar visitas a las instituciones para brindarles asesoría, evaluar su desempeño y vigilar el exacto cumplimiento de la Ley.
El artículo 116 establece que en esas visitas se revisan los aspectos jurídico patrimoniales, administrativos, contables, asistenciales y de vida orgánica, pero como la casa hogar fundada por Rosa del Carmen Verduzco no forma parte del padrón oficial, no aplica la norma.
La Ley establece que las personas, físicas o morales, que representen, dirijan o administren asilos, escuelas, orfanatos, hospitales y demás establecimientos o instituciones destinados a la ejecución de actos de asistencia, sin autorización de la Junta, serán apercibidos para que legalicen ante dicha Junta la situación del establecimiento o institución de que se trate, dentro de un plazo de seis meses.
Está previsto en la norma que de no atender los exhortos de la Junta las instituciones de asistencia serán sancionados por con multa de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo vigente en el Estado y, en caso de reincidencia, se puede proceder a la clausura el establecimiento o, en su caso, declarar la extinción de la institución y constituir con sus bienes una nueva.
Al menos la negativa del personal del albergue a entregar menores de edad a sus familiares, cuando los solicitaban, era del dominio público desde hace varios años, motivo por el que, incluso, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han acumulado tres quejas.
El presidente de ese organismo autónomo, José María Cázares dio a conocer que hubo una petición de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco para que la comisión michoacana cooperara en la petición de reintegración de un menor jalisciense a su familia, lo cual se logró con éxito.
La casa hogar La Gran Familia fue cateada el pasado martes, en un operativo realizado por elementos de las procuradurías de Justica del Estado y General de la República y, de acuerdo con información proporcionada por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, casi 600 personas vivían entre basura, ratas, cucarachas y pulgas.