Apercibe jueza al Gobernador y Presidente del Congreso en Michoacán

MORELIA, Mich., 10 de julio de 2015.- Luego de que la juez del Séptimo Distrito declarara inconstitucionales las modificaciones al Código Familiar  de Michoacán, por ser estigmatizantes contra la comunidad Lésbico-Gay, el gobernador del estado, Salvador Jara y el presidente del Congreso local, Sarbelio Molina tendrán tres días a partir de este viernes para rectificar las reformas constitucionales o de lo contrario el titular del Ejecutivo y el líder de la Cámara podrían enfrentar sanciones penales y en el peor de los escenarios el apercibimiento para la destitución de ambos.

Así lo estableció Gumesindo García Morelos, Doctor en Derecho, quien recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó en junio pasado todas las leyes que han sido aprobadas y que atentan contra los derechos humanos este grupo minoritario.

Como antecedente García Morelos, destacó que fue en el 2008 cuando el Congreso Estatal aprobó las modificaciones a los artículos 123 y 125 del Código familiar, vigente en el estado de Michoacán, las cuales manifiestan severos rasgos de marginación, exclusión e intolerancia, contra la comunidad Lésbico-Gay.

Bajo este contexto Gumesindo García, señaló que el titular del Ejecutivo tenía la facultad para vetar dicha ley pero nunca lo hizo, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también debió promover un recurso contra el acuerdo legislativo.

El doctor en Derecho informó que este miércoles se hizo pública la determinación de la jueza Séptima de Distrito, en la que se solicita al Ejecutivo y al legislativo hacer valida y aceptar la declaratoria de inconstitucionalidad a las modificaciones legales.

Manifestó que dicha determinación es a consecuencia de un amparo promovido por una pareja que sintió violentados sus derechos constitucionales y el cual fue ganado en todas las instancias legales.

Bajo este escenario el defensor exigió al Ejecutivo estatal y al legislativo demostrar y hacer públicos los mecanismos a aplicarse en todas las instancias de gobierno, en las que den cuenta la inconstitucionalidad de dichos acuerdos.