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MORELIA, Mich., 13 de septiembre de 2013.- La iniciativa promovida por el constitucionalista Miguel Carbonell y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para evitar el estallamiento de una huelga en la máxima casa de estudios rindió frutos.
Esta tarde la jueza cuarta de distrito, con sede en Morelia, otorgó el amparo que impide que se cuelguen las banderas rojinegras en las dependencias nicolaitas.
Por medio de su cuenta de Twitter, el investigador de la UNAM difundió que “la jueza cuarta de Distrito, con sede en Morelia, acaba de sentar un precedente histórico en defensa de la educación y contra las huelgas”.
“Una jueza federal acaba de emitir una resolución histórica, otorgando el amparo a alumnos en contra de una huelga sindical”, añadió en su cuenta de redes sociales el miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Miguel Carbonell el pasado mes de julio visitó varios salones de la facultad de Derecho nicolaita para invitar a los estudiantes a recurrir a la justicia federal para salvaguardar su derecho a la educación ante la posibilidad de que estallará una huelga promovida por los sindicatos de empleados o de profesores.
A tres meses de distancia se emitió una resolución, que a decir del jurista, es la respuesta a la acción que promovió el despacho Carbonell Consultoría Constitucional SC, que recurrió a la Nueva Ley de Amparo para proteger el derecho a la educación.
En sus mensajes de Twitter Carbonell exhortó a los abogados para que se actualicen en las “posibilidades inéditas de protección de derechos” que ofrece la Ley de Amparo.
Hace tres meses, cuando el abogado promovió la iniciativa ante los estudiantes, mencionó que ante la posibilidad de que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana emplace a huelga se pediría al juez de distrito que valorar si existen causas que justifiquen un nuevo estallamiento, como sería un despido masivo o la reducción del sueldo de los empleados universitarios.
Tal situación implicaría que la autoridad judicial pondere si existen causas justificadas para que las presuntas violaciones laborales estén por encima del derecho a la educación del que gozan los estudiantes michoacanos.
Otra argumentación del amparo se sustentó en que el derecho a la educación, en esta ocasión, debe estar por encima del derecho a huelga, debido a que ya se perdieron 47 días por el estallamiento de anteriores movimientos huelguísticos en la Universidad.