MORELIA, Mich., 28 de agosto de 2014.- El diputado Érick Juárez Blanquet es acusado de abuso de autoridad por el constructor José Mauricio Díaz Díaz ya que se niega a liquidar supuestos adeudos de la obra autorizada desde 2011, cuando él era presidente municipal de Angamacutiro.

En visita a esta Redacción el constructor informó que durante la administración 2008-2012 se le encargó la construcción del deportivo y de la casa de la cultura de aquella localidad, pero poco a poco los pagos se fueron atrasando y a la fecha se le adeudan un millón 200 mil pesos.

Para recuperar ese monto tuvo que iniciar dos juicios, uno contencioso administrativo por 917 mil pesos y otro ejecutivo mercantil por 343 mil 788 pesos, ya que esa deuda no apareció registrada entre lo que el ex alcalde entregó a la nueva administración.

Díaz Díaz explicó que para no parar las obras, Juárez Blanquet le ofreció firmar un pagaré por los 343 mil 788 pesos para que continuara los trabajos, con la promesa de que se lo liquidaría el 15 de febrero del 2012.

Ante el incumplimiento, el juzgado de primera instancia con sede en Puruándiro inició proceso el cual concluyó el 30 de noviembre de ese mismo año ordenándose al actuario del juzgado requiriera el pago de lo reclamado o que en su defecto se embargaran los bienes suficientes para garantizar el adeudo, y en su oportunidad, hacer el trace y remate de los bienes para garantizar el pago al acreedor.

El legislador solicitó el amparo de la justicia federal mismo que le fue negado, motivo por el que el expediente volvió al juzgado de origen para hacer cumplir la sentencia, lo cual no ha sido posible porque el legislador no cuenta con bien alguno a su nombre y a la fecha el juzgado no ha autorizado el embargo de su salario.

Aunque en diversas ocasiones el juzgado ha enviado al actuario a requerir el cobro al legislador en sus oficinas del Congreso del Estado, esto no ha sido posible porque sistemáticamente le dicen en su oficina que no se encuentra.

El constructor considera que no se le ha hecho justicia por el hecho de que el acusado es diputado de la 72 legislatura del Congreso del Estado, lo cual pone en duda tanto el actuar del representante popular como del juez que tiene su mano la justicia.