A dos años del movimiento de autodefensas de Michoacán

MORELIA, Mich., 24 de febrero de 2015.- En las últimas horas del sábado 23 de febrero de 2013 grupos de ciudadanos del municipio de Buenavista Tomatlán salieron a la calle y se concentraron en la entrada a la cabecera municipal y en los accesos a la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana.

Cubierto el rostro, hombres y mujeres, jóvenes, viejos y maduros, comenzaron a formar barricadas en los accesos. La circulación se detuvo mientras los pobladores brillaban armas de todos tipos y calibres.

La gente se levantaban contra del cobro de cuotas, los secuestros, las violaciones que propiciaba la prolongada ausencia de las fuerzas del orden. A las pocas horas, Tepalcatepec siguió el ejemplo, y grupos de ciudadanos armados comenzaron a levantar barricadas, a organizarse.

Olvidados de todo gobierno que no fuera el de los Caballeros Templarios, los ciudadanos se levantaron en armas para hacer frente a la delincuencia organizada y pronto los combates se desataron.

En Buenavista Tomatlán los liderazgos de Hipólito Mora y de Estanislao Beltrán organizaban la autodefensa de su comunidad, mientras en Tepalcatepec José Manuel Mireles hacía lo propio en ese municipio más pegado a la Sierra Madre del Sur, y el movimiento comenzó a extenderse rápidamente.

Los combates se encarnizaron, pero los ciudadanos en guerra avanzaban con firmeza y antes de terminar abril el movimiento de autodefensas se extendía mientras el brazo de la delincuencia se contraía.

En seis meses más de 20 municipios tenían movimientos de autodefensa y la delincuencia organizada comenzaba a perder terreno ante el embate ciudadano que suplía en los hechos a cuerpos policiacos que rendía cuentas a los delincuentes.

En ese año la seguridad de la entidad quedó en manos de los ciudadanos en armas pues, ahora se sabe, la administración de Fausto Vallejo-Jesús Reyna dejaron de ejercer el 88. 5 por ciento de los recursos transferidos por el gobierno federal.

La inacción del gobierno estatal tuvo consecuencias devastadoras para la entidad y para el país, pues “los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional”, advierten los especialistas de la Auditoría Superior de la Federación que analizaron la Cuenta Pública del año fiscal 2013.

La magnitud del subejercicio y el ascenso de la beligerancia en esa guerra civil fueron de tales proporciones que al iniciarse 2014 el gobierno federal asumió una decisión inédita: mediante decreto presidencial, se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

Los poderes del estado se subsumieron bajo el peso de esa figura y los poderes del estado de Michoacán de Ocampo se subordinaron a esa figura metaconstitucional con que Ejecutivo federal respondió a la crisis michoacana.

Con la comisión llegó una virtual invasión de funcionarios: más de 700 colaboradores formaban el equipo de Alfredo Castillo, que comenzó a administrar y a dirigir el estado.

Nuevas estrategias llegaron a Michoacán en materia de seguridad, y la Comisión inició un presunto proceso de pacificación que llevó a la desarticulación de los grupos de autodefensa y a la creación de nuevos y extraños cuerpos de seguridad.

Tras la disolución de las fuerzas municipales de seguridad y la reingeniería de las estatales aparecen dos nuevas corporaciones: Fuerza Rural y Fuerza Ciudadana, en la que conviven antiguos autodefensas, ex delincuentes y policías en una extraña mezcla que ha salido del control de las autoridades que se han visto obligadas a desparecer a la primera.

Dos años después del inicio de la guerra el saldo es trágico: los principales dirigentes civiles de las autodefensas están en prisión, mientras los delincuentes más buscados aún se encuentran en libertad.

Para la autoridad, las autodefensas ya no existen, no tienen razón de ser en el “nuevo escenario” que ha sido ocupado por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la nueva Gendarmería, los cuales, aseguran, tienen a raya a la delincuencia.

Según las últimas cifras del comisionado Alfredo Castillo, en los últimos 10 meses de su gestión se detuvo a 224 funcionarios, entre los que destacan un ex gobernador, el hijo del gobernador, tres ex secretarios, seis presidentes municipales, un tesorero y dos síndicos.

Y, sin embargo, más de mil autodefensas se reunieron esta semana en Aquila y los seguidores de Hipólito Mora Chávez y José Manuel Mireles Valverde mantienen que seguirán en pie de lucha hasta que caiga el último de los templarios.