Hay 100 colonias irregulares de Morelia no susceptibles a legalizar

MORELIA, Mich., 19 de enero de 2018.- Alrededor de 100 de las 290 colonias irregulares con que cuenta Morelia no son susceptibles de ser legalizadas, debido a que no disponen de las condiciones de seguridad requeridas para uso residencial, señaló Juan Fernando Sosa Tapia, secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura.

Tras mencionar que la región de La Aldea cuenta actualmente con un 60 por ciento de sus asentamientos regulares, en tanto que al arranque de la presente administración municipal se registraba un 40 por ciento, lo que supone el registro de aproximadamente 5 mil familias que requieren de la regularización de sus inmuebles, Sosa Tapia afirmó que se ha determinado que de las cerca de 290 colonias irregulares que hay en la ciudad, se ha identificado que en el 34.48 por ciento de los casos no habrá posibilidad de emitir títulos de propiedad para los habitantes de estos espacios.

Entre las zonas donde se han encontrado asentamientos irregulares no susceptibles de ser regularizados, el secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura de Morelia mencionó la barranca de Santa María, las inmediaciones del cerro del Quinceo y las cercanías del manantial de La Mintzita, aunque acotó que “hay muchas, en el norte, el poniente y el oriente” por factores como los deslizamientos del terreno, la existencia de áreas de recarga de mantos acuíferos, la propiedad federal del sitio, la imposibilidad de llevar servicios básicos urbanos y la ubicación de ductos transportadores de combustibles o líneas de electricidad.

Además del riesgo permanente que vivir en estos asentamientos representa para la población, Juan Fernando Sosa señaló que se ha detectado que líderes populares han visto en las colonias irregulares, inclusive aquellas que no podrán ser regularizados, un “botín político”, así como una fuente de ingresos recurrentes, ya que piden a los residentes apoyos semanales para sustentar el proceso o supuesto proceso de regularización, introducir los servicios básicos y atraer infraestructura urbana.

“El predio termina en un precio promedio de 150 mil pesos y nunca se va regularizar”, reiteró Sosa Tapia.

Por ello, se han interpuesto alrededor de 100 denuncias por ocupación ilegal de predios: “necesitamos trabajar en conjunto, al municipio le corresponde hacer lo pertinente, hacer las clausuras, denuncias, una instancia determinará, un juez en su caso”.

No obstante, al momento no se cuenta con un programa o acción que pueda ser implementado en el curso de este primer semestre de 2018 para impulsar la reubicación de la población que se ha instalado en sitios de alto riesgo, no susceptibles de ser regularizados.