Votarán Ley Oliver contra violencia este miércoles en Michoacán

MORELIA, Mich., 3 de marzo de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado votará este miércoles el dictamen que crea la denominada Ley Oliver, una reforma a la Ley de los Jóvenes de Michoacán para incorporar un Capítulo Décimo “De la Prevención y Atención de la Violencia entre Personas Jóvenes con Vínculos de Confianza”, así como los artículos 41 al 46.

La iniciativa fue presentada en octubre de 2025 por el diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas y turnada a la Comisión de Jóvenes y Deporte, la cual avaló el proyecto con ajustes de técnica legislativa y delimitación competencial para garantizar su viabilidad jurídica, administrativa y presupuestal.

En la exposición de motivos se recuerda el caso de Oliver Valle Cuadra, joven de 26 años asesinado en Morelia en diciembre de 2022, cuyo cuerpo fue localizado 11 días después en una fosa clandestina. 

El documento señala que su caso “ha visibilizado un fenómeno cada vez más alarmante: los homicidios cometidos por personas cercanas a las víctimas, en especial entre jóvenes” y advierte que estos crímenes “suelen gestarse en contextos de amistad, noviazgo, convivencia o aparente cercanía, lo que los hace particularmente difíciles de prever”.

La propuesta subraya que “debemos aprender a ver el riesgo donde parecía haber confianza, y proteger a las juventudes mediante educación, prevención y justicia efectiva”, y plantea que la llamada Ley Oliver busca establecer mecanismos preventivos, educativos y acciones públicas que detecten y enfrenten los riesgos que surgen en relaciones de confianza.

Como contexto, el dictamen refiere que durante 2024 Michoacán fue la segunda entidad del país con mayor cantidad de homicidios, incluidos homicidios con arma de fuego y homicidios dolosos contra adolescentes. A nivel nacional, ese año fueron víctimas de homicidio doloso 2 mil 568 personas menores de 17 años, de las cuales mil 965 fueron hombres y 503 mujeres.

La reforma establece que el Instituto de la Juventud Michoacana fomentará acciones de “prevención, orientación y atención temprana dirigidas a reducir factores de riesgo de violencia grave entre personas jóvenes que mantengan vínculos afectivos, sociales, escolares o de convivencia cotidiana”.

En coordinación con dependencias, municipios e instituciones educativas de nivel medio superior, públicas o privadas, el Instituto deberá promover programas de educación emocional y resolución pacífica de conflictos; identificación de factores de riesgo psicosocial en relaciones interpersonales; mecanismos de orientación y canalización institucional; y campañas de cultura del respeto, empatía y prevención de la violencia.

Uno de los ajustes centrales del dictamen fue acotar el alcance de las atribuciones para evitar invasión de competencias en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Por ello, se establece que los lineamientos que elabore el Instituto “no tendrán carácter de investigación ni sustituirán las atribuciones de las autoridades de seguridad pública o de procuración de justicia”.

En lugar de crear estructuras obligatorias, se prevé que las instituciones educativas y dependencias fomenten la designación, conforme a su normativa interna, de una persona responsable de enlace institucional para orientación y canalización, “sin que ello implique la creación de nuevas unidades administrativas ni obligaciones presupuestales adicionales”.

Asimismo, el Instituto fomentará la integración y análisis de información estadística, general y pública, proveniente de fuentes oficiales, exclusivamente con fines de diagnóstico y diseño de políticas públicas preventivas, sin concentrar datos personales ni información reservada.

El decreto también instituye el Día Estatal por la Prevención de la Violencia entre Personas Jóvenes, cuya fecha será determinada por el Ejecutivo estatal, y dispone que las acciones derivadas de la reforma se ejecuten con los recursos humanos, materiales y financieros existentes, “sin generar impacto presupuestal adicional”.