Votará Michoacán homologación de penas: hasta 60 años por feminicidio

MORELIA, Mich., 22 de abril de 2026.- Con penas que actualmente alcanzan hasta 60 años de prisión y criterios distintos para acreditar el delito según la entidad, el Congreso de Michoacán prevé votar este miércoles un dictamen que respalda una reforma constitucional federal para homologar el tratamiento del feminicidio en todo el país.

El asunto está enlistado como punto único en sesión extraordinaria y corresponde al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, mediante el cual la 76 Legislatura emitiría su voto respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con el documento, la finalidad central es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones a nivel nacional.

El dictamen parte de un diagnóstico crítico: la falta de un tipo penal uniforme ha generado problemas estructurales en la procuración de justicia. Actualmente, señala, “la diversidad legislativa permite que hechos de naturaleza similar sean investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa donde ocurran”.

Esa dispersión no solo se refleja en las penas, que van de 40 a 60 años de prisión, sino en los criterios para acreditar las razones de género, lo que provoca una “asimetría normativa” y abre la puerta a interpretaciones que pueden impedir que un caso sea reconocido como feminicidio.

El documento advierte además que la fragmentación legal “origina obstáculos para la actuación coordinada entre las autoridades” y genera desigualdad en los estándares de investigación, lo que impacta en la reparación del daño y en el castigo efectivo de los responsables.

Como sustento, el dictamen retoma datos del Inegi que evidencian la dimensión del problema: 7 de cada 10 mujeres en México han experimentado al menos una situación de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.

La propuesta también se inscribe en el marco de obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano. En el documento se refiere que, conforme al artículo 1º constitucional, las autoridades deben “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, lo que incluye prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres.

Asimismo, se retoman criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, donde se establece la obligación de remover obstáculos que impidan la investigación de los hechos y garantizar procesos efectivos con perspectiva de género.

En términos de alcance, la reforma implicaría que las leyes generales establezcan los tipos penales y sanciones mínimas no solo en feminicidio, sino también en delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros, lo que refuerza el papel de la Federación en la definición de estándares penales.

El propio dictamen reconoce que el cambio de fondo no será inmediato. Aun cuando el Congreso de Michoacán emita su voto a favor, el proceso requiere la aprobación de la mayoría de los congresos estatales para que la reforma sea válida.

Una vez publicada, el Congreso de la Unión tendría un plazo de 180 días naturales para expedir la ley general en materia de feminicidio. Mientras tanto, las legislaciones locales continuarán vigentes, en tanto se definen los plazos y condiciones para la armonización normativa en las entidades federativas.

En ese contexto, la votación prevista en Michoacán forma parte de un proceso nacional más amplio que busca transitar de un esquema fragmentado a uno homogéneo, en el que el feminicidio sea investigado y sancionado bajo criterios comunes en todo el país.