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MORELIA, Mich., 1 de septiembre de 2022.- A la extensa lista de formas de agresión contra mujeres se suma la violencia política por internet, fenómeno que, además, se caracteriza por un sistema jurisdiccional de claroscuros, que al tiempo que busca tutelar derechos, también llega a revictimizar a las mujeres agraviadas.
Así lo expuso Rafael Elizondo Gasperín en el marco de la presentación de su libro: Violencia política por internet, donde parte de un análisis objetivo a una sentencia del Tribunal Electoral de Puebla en 2019, para llegar a concluir que tanto medios de comunicación como el aparato de justicia, por acción u omisión, dolosamente o no, replican la violencia de este tipo.
“Se está señalando lo que falta por hacer; hace una ponderación entre el derecho a la información y el derecho a una vida libre de violencia, pero también se refiere a las figuras de víctimas y victimarios indirectos, comentó en entrevista con Quadratín.
Al señalar que la violencia política por internet implica amenazas, daño psicológico o agresiones a familiares como mecanismo para generar un daño de forma indirecta, mediante discursos que pueden hacer mella en una vida o una carrera política, mencionó que un eje sustantivo del sistema jurídico es que no se deje al arbitrio de las partes el cumplimiento de ejecutorias.
“Lamentablemente en internet es donde se identifica actualmente el mayor número de incidencias de violencia política contra la mujer, es mucho más fácil, accesible, con dimensiones desproporcionadas, descomunales, no previstas, debido a la rapidez de la divulgación”, expuso.
Mencionó que a esto se suma la falta de regulación en México, donde no hay, como en otros países, la regulación del derecho al olvido y otros aspectos que permitiera un ejercicio pleno de los derechos político electorales de las mujeres.
“La falta de regulación no puede quedar en un no hacer de las autoridades, tienen que hacerlo con sensibilidad, con perspectiva de género, con oportunidad y eficacia”, comentó.
A pregunta expresa, Elizondo Gasperín dijo que la falta de regulación no ha evitado que los órganos actúen y se pronuncien, e incluso subrayó que ya existe jurisprudencia que ha marcado límites y supuestos de lo que debe de considerarse violencia política contra la mujer.
Sin embargo, admitió que las propias instancias jurisdiccionales llegan a vulnerar derechos durante los propios procedimientos de juicios, donde, por acción u omisión, la divulgación anticipada de un caso o la redacción de la sentencia, revictimizan a la parte demandante.




