Ven riesgos de censura ONU, ICC y medios, en reforma de Sheinbaum

MORELIA, Mich., 25 de abril de 2025.- Organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupación por la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en comisiones del Senado, al advertir que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la transferencia de sus funciones al Ejecutivo federal podría comprometer la pluralidad, la competencia y la libertad de expresión en México.

Además de la oposición, que ha bautizado a esta reforma como "ley censura", desde distintos frentes, en las últimas horas se han emitido llamados al Senado de la República para frenar una aprobación apresurada y abrir un diálogo amplio, plural y transparente que garantice estándares internacionales en materia de derechos digitales, privacidad y libertad informativa.

Alianza de Medios MX: sin contrapesos, peligra la libertad editorial

La Alianza de Medios MX advirtió que el diseño actual de la iniciativa, propuesta por el por la presidenta Claudia Sheinbaum,  elimina los contrapesos institucionales al dejar al nuevo regulador bajo control del Ejecutivo, lo cual “puede abrir la puerta a decisiones discrecionales que afecten la pluralidad de voces, la competencia justa y, en última instancia, la libertad editorial”.

Para esta agrupación, que reúne a medios comprometidos con la libertad de expresión y la sostenibilidad del periodismo, es indispensable que se reconozca a la industria como un actor clave en el proceso legislativo: “sólo así será posible construir un marco legal que respalde el acceso equitativo a la conectividad y promueva medios libres e independientes”.

Asimismo, destacó que la diversidad de actores con acceso a concesiones ha favorecido una mayor representación regional en el ecosistema mediático nacional, tantos en contenidos como en regímenes de propiedad. “Preservar esta diversidad es clave para un sistema informativo verdaderamente democrático”, afirmó.

ICC México: exige Parlamento Abierto y autonomía reguladora

Por su parte, la International Chamber of Commerce México (ICC México) reconoció la necesidad de modernizar el marco regulatorio del sector, pero expresó su desacuerdo con el enfoque actual. 

La organización exigió al Congreso garantizar un “análisis técnico riguroso” y un Parlamento Abierto que permita la participación de expertos, empresas, académicos y sociedas civil.

“La magnitud e impacto de esta reforma exige una evaluación seria y detallada”, afirmó, al advertir que no se puede ignorar su efecto sobre la inversión, la competencia y los derechos de los usuarios. 

Además, subrayó la importancia de mantener la independencia técnica, operativa y presupuestaria de los órganos reguladores, en cumplimiento con compromisos internacionales como el T-MEC.

ONU-DH: llamado al Senado a garantizar derechos digitales

Finalmente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado público al Senado mexicano para que garantice espacios de consulta en la discusión de la ley y que, al hacerlo, se consideren los estándares internacionales en libertad de expresión, acceso a la información, privacidad y derechos digitales.

El pronunciamiento de la ONU-DH se suma a una serie de voces que alertan sobre los riesgos que implica concentrar la regulación de medios y telecomunicacioned en una agencia subordinada al Ejecutivo, sin mecanismos de control autónomos ni garantías suficientes de participación ciudadana.

Entre la modernización y el poder sin equilibrio

La iniciativa aprobada en comisiones establece que será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo, la encargada de otorgar concesiones, regular el espectro radioeléctrico, vigilar contenidos y fijar políticas públicas en el sector. 

Con ello, se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se modifica el artículo 6 constitucional, que elimina el diseño institucional que hasta ahora reconocía a un órgano autónomo como garante. 

El más polémico es el artículo 109, que podría borrar de internet con un sólo click cualquier plataforma, portal de noticias o redes sociales que se considere que incumplen con los lineamientos que emitirá la nueva agencia que sustituirá al IFT y que le reportará al gobierno federal.

Las organizaciones coinciden en que, si bien es necesario actualizar el marco legal para impulsar la conectividad y la digitalización, no debe hacerse a costa de debilitar la autonomía reguladora ni de comprometer derechos fundamentales, pilares de una democracia sólida y una sociedad bien informada.