Van por amparos y destitución de Mesa, tras sesión presuntamente ilegal

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2025.- Legisladores de distintas fracciones parlamentarias cuestionaron la legalidad de la sesión de Pleno celebrada el martes 2 de julio a las 14 horas, la cual fue presentada como reanudación de la sesión ordinaria de ese mismo día por la mañana, pese a que había sido formalmente concluida por falta de cuórum, y advirtieron que podrían pedir la destitución de la Mesa Directiva, además de amparos.

La diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel, de Morena, acusó violaciones al artículo 233, párrafo tercero, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, el cual establece con claridad que, si una sesión es declarada concluida por falta de quórum, debe convocarse a una nueva sesión mediante citatorio formal. 

Estamos ante un precedente sumamente preocupante que puede derivar en la realización de las sesiones de manera discrecional y al margen de la ley”, advirtió desde tribuna.

Garibay pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini, precisar el sustento jurídico que avaló continuar una sesión ya concluida, y exigió que se respete la legalidad como única vía para mantener la legitimidad del Congreso. “Ojalá ahora sí me conteste mis preguntas y se apegue a la ley”, remató.

Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Sandra Arreola Ruiz, denunció que ni ella ni su bancada fueron convocadas formalmente a la sesión de la Junta de Coordinación Política donde se tomó el acuerdo para reanudar el Pleno. 

Esto, sostuvo, representa una “grave violación al marco normativo” y pidió declarar inválidos los acuerdos aprobados en una sesión “sin integración legal”. Citó el artículo 39 de la Ley Orgánica, que establece que la Junta debe integrarse con la representación de todos los grupos parlamentarios, por lo que cualquier omisión en su convocatoria afecta la validez jurídica de sus decisiones.

En contraste, desde la presidencia de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini, de Morena, defendió la legalidad del procedimiento, argumentando que la reanudación fue avalada por la mayoría del Pleno, considerado el máximo órgano de decisión del Congreso. 

Mencionó que, previo a retomar los trabajos, se informó del acuerdo a los coordinadores parlamentarios y se utilizó el canal habitual de comunicación. Como fundamento jurídico, se citaron los artículos 30, 33 y 341 de la Ley Orgánica.

El artículo 30 faculta al Congreso para emitir sus propios acuerdos y reglamentos; el artículo 33 señala que el Poder Legislativo tiene atribuciones generales para representar jurídicamente al Congreso y adoptar decisiones administrativas; y el artículo 341 otorga a la Mesa Directiva y a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos la facultad de programar y ordenar los asuntos del Pleno.

“No se vulneró ninguna disposición”, argumentó, al sostener que el procedimiento se realizó conforme a los artículos señalados y que la decisión de continuar fue adoptada con base en la voluntad de la mayoría.

A pesar de ello, la coordinadora parlamentaria Arreola Ruiz reiteró que cualquier sesión de la Junta de Coordinación Política sin su participación carece de validez legal, y llamó a no normalizar prácticas que excluyen voces y partidos representados en el Congreso.

Finalmente, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, anunció que interpondrá un amparo, al considerar que se le impidió ejercer su derecho a razonar el voto en torno a una iniciativa vinculada al desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas, lo que calificó como una violación a sus derechos parlamentarios.

El debate generó tensiones en el Pleno, donde el diputado Baltazar Gaona exigió orden para continuar con la sesión; tras la aprobación de una moción de orden en votación económica, se negó el uso de la palabra a la diputada Garibay Esquivel. 

La discusión dejó en evidencia el choque de interpretaciones sobre la aplicación de la ley orgánica y el riesgo de que decisiones tomadas sin consenso amplíen la brecha de confianza entre las bancadas.