Van contra simulación en figura de juicio político en Michoacán

MORELIA, Mich., 27 de abril de 2026.- El Congreso de Michoacán mantiene en análisis una nueva Ley de Juicio Político impulsada por Morena que busca romper con la simulación en la aplicación de este mecanismo, históricamente marcado por su escasa activación y resultados limitados.

La propuesta, emanada de Morena, se encuentra en revisión en las comisiones de Gobernación, Jurisdiccional y de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, donde se perfila como un rediseño integral del instrumento con el que el Poder Legislativo puede sancionar políticamente a servidores públicos de alto nivel.

El planteamiento parte de un diagnóstico implícito: el juicio político existe, pero en la práctica ha sido poco utilizado o ineficaz. Frente a ello, la iniciativa propone dotarlo de reglas más claras, procedimientos definidos y una estructura que permita su aplicación real, más allá del discurso.

De acuerdo con el documento, el juicio político se mantiene como un mecanismo para sancionar conductas que dañen el interés público o el adecuado funcionamiento de las instituciones, aun cuando no constituyan delitos. Es decir, se reafirma su naturaleza política como vía de control sobre el ejercicio del poder.

En ese sentido, la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, no modifica el tipo de sanciones, que continúan siendo la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, pero sí busca incidir en el proceso para que estas consecuencias puedan concretarse.

El proyecto establece con mayor precisión quiénes pueden ser sujetos de juicio político, centrando el alcance en servidores públicos de alto nivel, tanto estatales como municipales, lo que refuerza la capacidad de intervención del Congreso ante posibles abusos de poder o decisiones que afecten la gobernabilidad.

Además, redefine el procedimiento interno en el Poder Legislativo, al delimitar etapas, tiempos y atribuciones de las instancias involucradas, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y evitar que los procesos queden detenidos o sin resolución.

La reforma también plantea expedir una nueva ley específica en la materia, modificar disposiciones de la normativa interna del Congreso y abrogar la legislación vigente en responsabilidades de servidores públicos, lo que implica una reconfiguración del marco jurídico actual.

En comisiones, el debate no será únicamente técnico. La iniciativa abre la discusión sobre el uso real del juicio político: si se consolidará como un instrumento efectivo de rendición de cuentas o si seguirá operando bajo lógicas de control político entre mayorías y oposiciones.

Por ahora, el proyecto avanza en su ruta legislativa. El fondo del asunto es claro: pasar de un mecanismo señalado por su simulación a uno que, en los hechos, pueda tener consecuencias sobre el ejercicio del poder público.