Van contra propaganda electoral pagada por particulares en Michoacán

MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2026.- El Congreso de Michoacán analiza una iniciativa que busca prohibir que particulares, empresas o grupos de interés paguen propaganda electoral para influir en las preferencias de los ciudadanos, tanto en medios impresos como en plataformas digitales, incluidas redes sociales e influencers.

La propuesta, impulsada desde las huestes de Morena en la 76 Legislatura, fue presentada esta semana y ya se encuentra en análisis de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, plantea reformar el artículo 167 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

En la exposición de motivos, los legisladores promoventes, Eréndira Isauro Hernández y el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, adscritos a la Representación Parlamentaria, proponen reformar el artículo 167 del Código Electoral del Estado de Michoacán. El proyecto fue turnado a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana para su análisis.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca reforzar el principio de equidad en la contienda electoral para evitar que el poder económico influya en el resultado de las elecciones mediante campañas paralelas financiadas por actores ajenos a partidos y candidatos.

Los promoventes advierten que, en los procesos electorales recientes, mientras partidos y aspirantes están sujetos a topes de gasto y a fiscalización por parte de la autoridad electoral, existen particulares que financian publicidad masiva a favor o en contra de candidatos sin que esos recursos sean reportados.

“Mientras los partidos y candidatos están sujetos a topes de gastos y fiscalización rigurosa, existen particulares que pagan publicidad masiva a favor o en contra de candidatos”, señala el documento presentado ante el Pleno.

Según la iniciativa, esta práctica provoca dos distorsiones en la competencia electoral: permite inyectar recursos que no se contabilizan dentro de los topes de gasto de campaña y mantiene en la opacidad el origen del dinero utilizado.

Isauro Hernández y Aguirre Chávez señalan que, aunque la legislación electoral prohíbe la compra de tiempo en radio y televisión por parte de particulares, existen vacíos en otros espacios de comunicación, particularmente en medios impresos y en el entorno digital.

En ese contexto, advierten que actualmente una persona o empresa puede contratar campañas en redes sociales, pagar publicidad en internet o incluso recurrir a agencias que gestionan servicios de influencers o creadores de contenido para promover o desacreditar a candidatos sin que exista una prohibición expresa en la legislación local.

“La libertad de expresión protege la opinión individual y espontánea de los ciudadanos en redes sociales, pero no protege la contratación comercial de publicidad destinada a influir en el voto”, se argumenta en la iniciativa.

La reforma propone prohibir que cualquier persona física o moral ajena a partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos registrados contrate propaganda electoral dirigida a influir en las preferencias de los ciudadanos.

La restricción abarcaría tanto medios impresos como diarios, revistas o periódicos, como plataformas digitales, entre ellas redes sociales, páginas web, buscadores de internet, aplicaciones móviles y servicios de mensajería masiva.

El proyecto también menciona de forma expresa la contratación de influencers, creadores de contenido, blogueros o líderes de opinión digital para difundir mensajes con fines electorales, con el propósito de cerrar vacíos legales en el marketing político en internet.

La iniciativa establece además que el incumplimiento de estas disposiciones constituirá una infracción grave.

Asimismo, plantea que si se demuestra que un partido político, precandidato o candidato tuvo conocimiento de la contratación de propaganda realizada por particulares y no se deslindó oportunamente ante la autoridad electoral, el monto de la publicidad contratada se sumará a sus topes de gastos de campaña, además de las sanciones que correspondan.

Según se argumenta, con esta reforma, los promoventes buscan evitar que campañas paralelas financiadas con recursos privados influyan en las elecciones y asegurar que la competencia política se base en las propuestas y el debate público. 

De aprobarse, el Instituto Electoral de Michoacán tendría un plazo de hasta 90 días para emitir lineamientos que permitan identificar, monitorear y sancionar la contratación de propaganda electoral por particulares, especialmente en medios digitales.