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MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2021.- Pese a los escándalos por desvíos de recursos y falta de pago a los trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) el Partido del Trabajo (PT) va por mayores recursos presupuestales y una ley para impulsar la educación inicial en Michoacán.
El coordinador de los diputados del PT en el Congreso del Estado, J. Reyes Galindo reconoció que los Cendis deben transparentar los recursos públicos que ejercen para evitar desvíos como los detectados por el Instituto Nacional Electoral (INE) que apenas el pasado mes de septiembre le impuso una multa de 119 millones de pesos.
Aunque dijo que algunas observaciones se han desvanecido aceptó que hubo desvíos de los Cendis de Nuevo León hacia dirigentes de su partido, por lo que esos centros deben transparentar el ejercicio de los recursos públicos que ejerce y ser sometidos a auditorías, como cualquier otro ente, porque a fin de cuentas se trata de “lana del pueblo”.
Además, reconoció la necesidad de diseñar un esquema de respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores de los Cendis para que no generar adeudos y que sin manipulación alguna se les pague ya que durante el pasado proceso electoral hubo denuncias sobre el condicionamiento a la asistencia a mítines y atrasos de varios meses en los pagos.
Independientemente de esas observaciones dijo que en el PT están convencidos de que en la medida en que se invierta en educación, en esa misma medida se estarán generando mejores condiciones de bienestar para Michoacán.
“Cuando fortalezcamos acciones concretas, pero sobre todo con presupuestos a la educación pública y particularmente la inicial es porque creemos que la infancia de todo ser humano resulta fundamental para su sano desarrollo, para su progreso integral y esto sin duda permite que tengamos mejores ciudadanos mejores ciudadanas y seguramente podemos mejorar muchas prácticas”, indicó.
Reyes destacó que para el PT la educación es fundamental y por eso está en sus documentos básicos, en su declaración de principios y en su Ley Orgánica y desde los distintos espacios que ocupan pueden actuar a favor de la educación, especialmente la pública porque en México sólo el 27 por ciento de las personas pueden pagar educación privada.




