Urgente, actualizar legislación para proteger a animalistas en Michoacán

MORELIA, Mich., 11 de abril de 2026.- En medio de denuncias públicas de activistas sobre amenazas e intimidaciones sin protección institucional, la diputada coordinadora parlamentaria del PVEM, Sandra María Arreola Ruiz, señaló la necesidada de actualizar el marco legislativo para garantizar medidas de protección a este sector.

En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa, planteó la necesidad de actualizar el marco legal para que los defensores de los animales sean incorporados a los mecanismos de protección del Estado, en condiciones similares a ambientalistas y defensores de derechos humanos.

Y es que, apenas este 9 de abril animalistas señalaron que existe un vacío en la legislación vigente, particularmente en la Ley General de Víctimas, donde no se contempla de manera explícita a quienes enfrentan riesgos por denunciar maltrato y crueldad animal, por lo que voltearon a ver al Congreso del Estado para que haga lo propio en el ámbito local.

“Sí hay muchos testimonios sobre presiones, sobre intimidaciones, amenazas directas”, afirmó la Diputada, al admitir que ha tenido conocimiento de que en Michoacán existen casos documentados de activistas bajo riesgo, incluso con amenazas de muerte cuando se afectan intereses económicos. 

Mencionó como ejemplo a la activista Sofía Morín, además de señalar que incluso ciudadanos que detectan casos de maltrato evitan denunciar por temor a represalias vecinales.

Arreola Ruiz subrayó que el tema de la protección a los animalistas debe abordarse desde el Poder Legislativo, al tratarse de un fenómeno emergente vinculado no solo al bienestar animal, sino también a problemas sociales, de salud pública y medio ambiente.

En ese contexto, sostuvo que la reciente incorporación en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la prohibición del maltrato y la crueldad animal abre la puerta para sustentar jurídicamente una reforma que incluya a estos activistas dentro de los protocolos de protección que actualmente operan fiscalías y mecanismos de atención a víctimas.

“Yo creo que nada más en ese marco y con esa misma justificación valdría muy bien la pena… que también a los defensores de la protección animalista puedan ser considerados para los protocolos”, expresó.

La Legisladora insistió en que estos derechos son de reciente reconocimiento y forman parte de una agenda en construcción. “Todos estos temas son nuevos, estamos incursionando en estos nuevos derechos”, dijo, al enfatizar que fue hasta finales de 2024 cuando se consolidó la reforma constitucional en la materia.

Adelantó que se prevé la realización de mesas de trabajo con colectivos animalistas para analizar propuestas concretas y traducirlas en ajustes normativos que garanticen su protección efectiva. “Sí se puede reformar, vamos a hacer mesas de trabajo con ellos para ver todos estos temas”, concluyó.