Alista Congreso consulta a pcd e indígenas por reforma a Ley de Educación
MORELIA, Mich., 5 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla emplazó al renovado Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a trabajar desde ahora en los mecanismos para enfrentar una eventual injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones de 2027, al recordar que la legislación estatal ya contempla consecuencias ante este tipo de intervención.
Durante una entrevista en el programa Los Demonios Sueltos, el mandatario señaló que las nuevas consejerías electorales tienen frente a sí la responsabilidad de aterrizar las disposiciones incorporadas este año al marco electoral michoacano.
“Ya es un nuevo IEM, son nuevos consejeros, entonces creo que deberían ya estar trabajando los consejeros sobre este tema que marca el Código Electoral de Michoacán, que es muy trascendental para nuestro estado”, sostuvo.
Ramírez Bedolla recordó además que existen mecanismos federales para revisar antecedentes de aspirantes y consideró necesario que la autoridad electoral estatal permanezca activa frente a posibles amenazas, presiones o participación de grupos criminales en los comicios.
“Yo espero que se ejecute, que se aplique; para ello son responsables del Instituto Electoral de Michoacán”, expresó, y agregó que esta tarea deberá realizarse en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.
El antecedente se remonta al 27 de mayo pasado, cuando el Congreso de Michoacán aprobó una reforma a la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para incorporar como causal de nulidad de la votación en casilla la violencia, aamenaza, intimidación, coacción o injerencia ilícita de personas u organizaciones vinculadas con actividades criminales, cuando busquen alterar la libertad del sufragio o el desarrollo de la jornada electoral.
La reforma establece que, para determinar sus efectos, deberá valorarse la afectación a la equidad de la contienda, el impscto inhibitorio sobre el electorado y la vulneración a la libertad del voto.
En la misma entrevista, Bedolla recordó que las modificaciones electorales también impiden candidaturas en determinados supuestos, entre ellos personas deudoras alimentarias y quienes hayan sido sentenciados por actos de corrupción, desvío de recursos o se encuentren inhabilitados.
Para el Gobernador, el nuevo marco coloca al IEM frente a una responsabilidad adicional rumbo a 2027: generar condiciones para detectar y atender posibles injerencias criminales y aplicar las disposiciones aprobadas para proteger la libertad de la elección.




