Turna Congreso de Michoacán a comisión la reforma sobre Gobierno Digital
MORELIA, Mich., 27 de febrero de 2025.- El Congreso de Michoacán aprobó turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma constitucional en materia de Gobierno Digital, presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En sesión pública, la tarde de este jueves, se turnó a comisiones la propuesta que busca modificar el artículo 129 de la Constitución estatal para establecer la obligación de todas las autoridades estatales y municipales, así como de los tres poderes, órganos autónomos, universidades, partidos políticos y cualquier entidad que ejerza recursos públicos, de implementar herramientas digitales en la prestación de sus servicios y trámites.
La iniciativa plantea que el Gobierno Digital sea un derecho de los ciudadanos y una obligación de las instituciones, con el objetivo de garantizar servicios públicos más eficientes, transparentes y accesibles.
Entre los beneficios señalados por el Ejecutivo estatal se encuentran la reducción de trámites burocráticos, la agilización de procesos administrativos, la eliminación de corrupción en ventanillas y la modernización de la infraestructura tecnológica del estado.
En su exposición de motivos, Ramírez Bedolla destacó que la implementación del Gobierno Digital permitiría simplificar los procedimientos gubernamentales, facilitar el acceso a la información pública y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos.
También argumentó que el uso masivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) contribuiría a reducir costos operativos y mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía.
Modernización y transparencia, ejes de la reforma
El Ejecutivo estatal subrayó que la digitalización de trámites ha demostrado ser una herramienta efectiva para aumentar la recaudación y mejorar la gestión pública.
Como ejemplo, mencionó la transformación del Registro Público de la Propiedad, donde la implementación de trámites digitales duplicó los ingresos anuales, pasando de 110 a 240 millones de pesos.
También destacó que la digitalización de los procesos en la Secretaría de Educación ha evitado la venta ilegal de plazas, que anteriormente se comercializaban hasta en 400 mil pesos.
Además, la reforma establece que el uso de plataformas tecnológicas debe convertirse en una acción obligatoria para todas las entidades de gobierno.
Esto implicaría que trámites como pagos, solicitudes y gestiones administrativas se realicen de manera digital, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a estos servicios desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Resistencia sindical y cuestionamientos sobre su impacto laboral
A pesar de los beneficios argumentados por el Gobernador, la iniciativa ha generado rechazo por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (STASPE) y otros sectores laborales, que han expresado su preocupación por el impacto que la digitalización de trámites podría tener en la plantilla laboral del estado.
Antonio Ferreyra Piñón, líder del Staspe, advirtió que la reforma no fue socializada con los trabajadores y que podría derivar en la pérdida de empleos en diversas dependencias.
"Esta iniciativa no fue socializada con nosotros ni con nadie. No nada más nos va a afectar a nosotros, afecta al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Universidad Michoacana y a todos los municipios del estado", señaló el dirigente sindical.
El sindicato solicitó a los diputados que la iniciativa fuera retirada del orden del día, pero los legisladores indicaron que esta decisión corresponde exclusivamente al Ejecutivo estatal.
En respuesta, se acordó instalar una mesa de diálogo en la que los trabajadores podrán exponer sus inquietudes y plantear modificaciones a la propuesta.
Siguientes pasos en el Congreso
Con el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, el Congreso del Estado iniciará el análisis técnico y jurídico de la iniciativa para determinar si ha lugar a su discusión en el Pleno.
De ser aprobada en comisiones, la reforma será sometida a votación ante el Congreso y posteriormente enviada a los ayuntamientos para su validación.
El proceso legislativo podría tomar varias semanas, durante las cuales se espera que los sindicatos y otros sectores sociales continúen manifestando su postura sobre la propuesta.
Mientras tanto, el gobierno estatal ha reiterado que la implementación del Gobierno Digital es una necesidad para modernizar la administración pública y brindar servicios más eficientes a la ciudadanía.
