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MORELIA, Mich., 16 de marzo de 2026.- El Plan B de austeridad electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría obligar al Congreso de Michoacán a aplicar recortes presupuestales que alcanzarían tanto a diputados como a trabajadores, en un contexto de presión financiera por nómina, litigios laborales y una estructura administrativa que consume la mayor parte del gasto legislativo.
Así lo advirtió el presidente del Congreso del Estado, el diputado del PT Baltazar Gaona García, quien señaló que el Poder Legislativo tendrá que revisar su estructura de gasto en caso de que prospere el esquema de topes presupuestales para los congresos locales que plantea la iniciativa federal.
En entrevista con Quadratín, el Legislador sostuvo que su partido respalda la política de austeridad impulsada desde el gobierno federal y que el Congreso de Michoacán acompañará esa ruta.
“Nosotros estamos convencidos de aprobarla. Ya hay un acuerdo a nivel nacional y lo vamos a respaldar aquí en el estado. Si se trata de quitar privilegios y hacer ajustes por el bien del pueblo, tendremos que hacerlo”, expresó.
Gaona subrayó que cualquier ajuste tendría que aplicarse de manera general, es decir, tanto en gastos vinculados a los diputados como en la estructura administrativa del Poder Legislativo.
“Si hay que quitar viáticos, se quitan. Si hay que reducir prerrogativas, se reducen. Y si hay que revisar la nómina, también habrá que hacerlo. La austeridad tendría que ser pareja”, señaló.
En el Congreso de Michoacán, la conducción política recae en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por la coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís Sámano, mientras que la supervisión del ejercicio financiero corresponde al Comité de Administración y Control, encabezado por el diputado morenista Juan Pablo Celis Silva.
La operación administrativa de los recursos está a cargo del secretario de Finanzas del Poder Legislativo, Alejandro Estrada Salinas, instrumento de Morena, y quien en toda ocasión se niega a atender a los medios de comunicación en entrevista.
El presidente del Congreso explicó que el Poder Legislativo de Michoacán maneja un presupuesto cercano a mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, precisó que alrededor de 300 millones se transfieren directamente a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), por lo que el presupuesto real de operación del Congreso ronda los 900 millones de pesos.
De ese monto, dijo, entre 70 y 75 por ciento se destina al pago de nómina. En términos absolutos, explicó, el gasto en personal alcanza aproximadamente 650 millones de pesos.
“La mayor parte del presupuesto del Congreso se va en el pago de personal”, indicó. Por ello, advirtió que cualquier reducción significativa al presupuesto del Poder Legislativo inevitablemente terminaría impactando la estructura administrativa.
“Si tú reduces un 10 por ciento del presupuesto, primero se tendría que empezar por los gastos menos indispensables, como viáticos o actividades que no son prioritarias. Pero si el recorte es mayor, eventualmente podría tocar al personal”, señaló.
Gaona incluso planteó que una reducción hipotética de hasta 200 millones de pesos podría analizarse, aunque advirtió que antes tendría que evaluarse el costo beneficio de una medida de ese tipo.
“Si reduces 200 millones, pero eso te genera una huelga o un conflicto laboral, entonces hay que valorar qué tan conveniente sería”, comentó.
El legislador reconoció que el Congreso arrastra problemas estructurales relacionados con la contratación de personal en legislaturas anteriores.
Explicó que durante años se realizaron contrataciones que con el tiempo derivaron en bases laborales o sindicalización, lo que dificulta realizar ajustes sin generar conflictos legales o laborales.
“Hay mucha gente contratada desde hace años, muchos ya tienen base o incluso son sindicalizados, y eso complica hacer reducciones en la plantilla”, señaló.
A ello se suma el número de litigios laborales que enfrenta el Poder Legislativo. Actualmente existen alrededor de 140 demandas y laudos laborales interpuestos por trabajadores que reclaman liquidaciones, reinstalaciones o prestaciones adeudadas.
“Si se calcula un promedio de 500 mil pesos por caso, estaríamos hablando de entre 60 y 70 millones de pesos en posibles compromisos financieros para el Congreso”, detalló.
No obstante, precisó que algunos expedientes superan por mucho ese monto. “Hay casos con sentencias cercanas a los 2 millones o 2 millones 300 mil pesos y otros de alrededor de un millón de pesos, además de varios procesos todavía en curso”, explicó.
El diputado señaló que incluso existen alrededor de 15 expedientes con montos superiores al millón de pesos, por lo que consideró necesario buscar acuerdos con los trabajadores para evitar que esos litigios generen una presión mayor sobre las finanzas del Congreso.
Gaona García advirtió que una política de austeridad mal implementada podría generar inconformidad entre los trabajadores e incluso derivar en protestas o paro de labores dentro del Poder Legislativo.
“Podría haber trabajadores de brazos caídos o hasta un estallamiento de huelga si no se maneja bien el tema. Nadie quiere llegar a eso, pero es un riesgo que existe”, afirmó.
El legislador insistió en que el tema del personal es el punto más delicado dentro de las finanzas del Congreso.
“Es lo más sensible que hay en el Congreso. Si se toca el tema laboral hay que hacerlo con mucho cuidado”, señaló.
A este panorama se suma la falta de información detallada sobre la plantilla laboral y el manejo puntual de los recursos del Congreso.
El propio presidente del Poder Legislativo reconoció que no tiene acceso directo a la lista completa del personal ni a los estados de cuenta bancarios del Congreso.
“Tengo conocimiento general del presupuesto, pero no tengo acceso a las pólizas de gasto ni a los estados de cuenta. Incluso he solicitado la lista completa del personal y no se me ha entregado”, declaró.
Gaona explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la revisión puntual de las finanzas corresponde al Comité de Administración y Control, encabezado por el diputado morenista Juan Pablo Celis Silva, mientras que la operación administrativa está a cargo del secretario de Finanzas, Alejandro Estrada Salinas.




