Michoacán: toman tribuna en Congreso por venta y donación de 30 predios

MORELIA, Mich., 26 de febrero de 2026.- La discusión no había empezado y el salón de sesiones ya estaba encendido. Entre señalamientos de exclusión, reclamos de ilegalidad y advertencias de acudir a tribunales, el Congreso del Estado comenzó el trámite de la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para desincorporar 30 predios del patrimonio estatal, en medio de toma de tribuna y acusaciones cruzadas.

En sesión pública de este jueves, la Mesa Directiva dio cuenta de la recepción de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo la desincorporación de diversos bienes inmuebles para su posterior enajenación al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán de Ocampo y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

De inmediato, la Presidencia, que en ese momento ocupaba la vicepresidenta morenista Nalleli Pedraza Huerta, instruyó el turno a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública para su estudio y análisis. Ahí comenzó el choque.

La diputada de Morena Sandra Olimpia Garibay Esquivel solicitó que, por tratarse de desafectación y enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, el asunto también fuera turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura. Argumentó que la ley es clara en cuanto a las atribuciones para dictaminar en este tipo de materias.

Patrimonio bajo sospecha

La morenista Belinda Hurtado Marín subió el tono: recordó que en 2021 se tomó el Congreso y Palacio de Gobierno para frenar la desincorporación de bienes en la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

“Ojalá que no sean los mismos bienes por el cual no dejamos que Silvano y esa Legislatura hiciera la desincorporación”, lanzó.

Cuestionó quién hará el avalúo, a quién se venderán los predios y bajo qué criterios se eligieron. “Es el patrimonio de los ciudadanos”, insistió, y pidió que las comisiones trabajen con transparencia y permitan la participación de más diputados.

El presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, respondió que el procedimiento ya había sido explicado en una reunión con el gobernador y que no era un tema nuevo, e incluso se dijo sorprendido del comentario de la diputada Belinda Hurtado.

Señaló que cualquier legislador puede asistir a las comisiones con derecho a voz y pidió dar lectura al artículo 56 de la Ley Orgánica para precisar el mecanismo de turnos conjuntos. La lectura no apaciguó el ambiente.

#Michoacán | ¡Momentos de alta tensión en el Congreso! Diputadas tomaron la tribuna entre gritos y acusaciones durante el trámite de la iniciativa para desincorporar 30 predios del patrimonio estatal.🏛️🔥

La sesión derivó en reclamos por el turno a comisiones y advertencias de… pic.twitter.com/AvrVvyqdTu

— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) February 26, 2026

Cifras que encendieron la mecha

La panista Vanessa Caratachea agregó pólvora. Aseguró que en el documento no solo se habla de 30, sino de 38 predios: cuatro para donación y 34 para venta, con un valor catastral de 509 millones 290 mil 547 pesos. "No son tres pesos”, subrayó.

Cuestionó que se utilice avalúo catastral y no comercial, pidió la lectura del artículo 75, fracción octava, y advirtió que si el asunto no pasa por la comisión competente acudirán a tribunales.

Desde la bancada guinda, el diputado Juan Pablo Celis Silva defendió el proyecto. Reconoció que en 2021 se tomó el Congreso por una desincorporación, pero sostuvo que era otro contexto: “un estado quebrado”, dijo, donde la salida fácil era la deuda y el remate de bienes. Afirmó que hoy hay reordenamiento financiero y que no se trata de vender para gasto corriente.

Celis, al igual que Gaona, es identificado como cercano al gobernador, y su intervención fue leída por la oposición como un cierre de filas en torno al Ejecutivo.

Moción, gritos y tribuna tomada

Cuando la discusión comenzó a desbordarse, la Presidencia insistió en que no era momento de debatir el fondo, sino de dar trámite. Fue entonces cuando la diputada Giulianna Bugarini promovió una moción de orden para continuar con la sesión.

La votación dividió el salón: ocho votos a favor y seis en contra.

El ambiente ya era de confrontación abierta. En ese momento, las diputadas Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Itzé Camacho, Vanessa Caratachea y Belinda Hurtado subieron a la tribuna y la tomaron.

El presidente Baltazar Gaona decretó un receso y llamó a los coordinadores parlamentarios. El murmullo se convirtió en corrillos y reclamos cruzados mientras el tablero marcaba la pausa.

Derecho a la voz o censura

Reanudada la sesión, la diputada Grecia Aguilar, coordinadora de Movimiento Ciudadano, afirmó que su bancada no fue convocada a la reunión previa en la que, según se dijo, se explicó el procedimiento. Exigió claridad sobre qué predios serán donados, cuáles vendidos y el destino del recurso.

La priísta Adriana Campos Huirache reclamó respeto institucional. “No podemos legislar con reuniones con unos sí y otros no”, sostuvo, al exigir que se informe formalmente lo tratado con el Ejecutivo.

El perredista Octavio Campo pidió centrarse en el turno del asunto, pero al señalarle al presidente Baltazar Gaona los límites de sus atribuciones le recordó que nadie está por encima del Pleno y subrayó que todos los diputados son iguales y que no puede limitarse el uso de la palabra.

Desde el Partido Verde, su coordinadora Sandra Arreola lamentó que se pretendiera acotar el uso de la voz en el Pleno. “La voz no es concesión, es derecho democrático”, advirtió, y sostuvo que limitarla debilita al Congreso.

¿Quién está por encima de la ley?

La morenista Sandra Olimpia volvió a la carga. Como presidenta de la Comisión de Obra Pública, reprochó que se le negara la palabra cuando solo solicitaba que la iniciativa fuera turnada también a su comisión.

Pidió la lectura del artículo 75, fracción séptima, y lanzó la pregunta que quedó flotando en el recinto: “¿Qué hay tras de esta omisión?”

Cuestionó si la Conferencia está por encima de la ley y reiteró que la Comisión de Desarrollo Urbano debe dictaminar en conjunto.

Baltazar Gaona respondió que su actuación fue para mantener el orden y que los turnos no se deciden de manera unilateral, sino en Conferencia por voto ponderado, con la luz verde de los coordinadores parlamentarios. Sin embargo, Ofreció disculpas si alguien se sintió limitado.

En la recta final, el coordinador del PAN, Antonio Salas, sugirió que la Conferencia defina explícitamente los turnos para evitar conflictos. 

El coordinador del PT, Reyes Galindo, defendió que el orden del día y los turnos se aprueban en ese órgano y llamó a mejorar la práctica para dar mayor certeza.

Pese a los reclamos, la iniciativa quedó turnada únicamente a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, presidida e integrada por perfiles cercanos al gobernador, por no decir incondicionales.

Así, entre gritos, acusaciones de opacidad y tribuna ocupada, comenzó el análisis de la desincorporación de 30 predios del patrimonio estatal, un expediente que apenas inicia su ruta legislativa y que ya abrió una grieta política en el Congreso.