Tipifican violencia mediática; alertan riesgo a libertad de expresión

MORELIA, Mich., 19 de noviembre de 2025.- El Congreso de Michoacán aprobó por mayoría un amplio paquete de reformas al Código Penal y a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que incorpora nuevas figuras de violencia digital, "violencia mediática", acecho y uso indebido de inteligencia artificial, lo que, advirtió el PRI, pone en riesgo el ejercicio periodístico.

En sesión pública de la 76 Legislatura, pese a las advertencias del diputado priísta Guillermo Valencia Reyes sobre el riesgo de criminalizar la crítica y afectar la libertad de expresión, la votación final fue de 32 votos a favor y sólo dos en contra.

El dictamen integra, sistematiza y homologa diversas iniciativas presentadas desde noviembre de 2024, encaminadas a tipificar ciberacoso, campañas difamatorias digitales, manipulación de imágenes y audios generados por inteligencia artificial, suplantación de identidad, hostigamiento virtual, acecho físico o digital y difusión maliciosa de contenidos. Entre los cambios se incluyen:

– La creación de nuevos tipos penales para el acecho, el ciberacoso y el uso indebido de inteligencia artificial, cuando se alteren o distribuyan imágenes, videos o audios modificados para difamar, extorsionar, acosar o dañar la reputación de una persona.

– Sanciones que van desde multas hasta prisión, agravadas cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores.

– La incorporación de un catálogo de nuevas fracciones en el artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia, que reconoce la violencia digital, mediática y el denominado “sicariato digital”, así como campañas de desprestigio, manipulación de información y creación de perfiles falsos.

– La inclusión del artículo 9 ter, que faculta a autoridades judiciales y ministeriales para ordenar la eliminación inmediata de contenido digital dañino y el bloqueo de cuentas o servidores desde los que se generen ataques.

– La definición y reconocimiento del acecho como violencia autónoma dirigida de manera reiterada y persistente a generar temor, angustia o afectación emocional.

– La homologación de estos conceptos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el debate, Guillermo Valencia reservó las fracciones octava y novena del artículo 9 bis al advertir que su redacción podría impedir que la prensa y la ciudadanía señalen actos de corrupción, abuso de poder o irregularidades cometidas por mujeres en cargos públicos. 

Sostuvo que el dictamen define como violencia política conductas como “producir, difundir o promover información orientada a desacreditar la imagen” o “alterar y propagar imágenes o audios generados por inteligencia artificial”, lo que, dijo, podría interpretarse incluso ante notas críticas no vinculadas a violencia de género.

El legislador alertó que esta redacción “pone una coraza penal” que podría inhibir el debate público y convertir en intocables a funcionarias que fueran cuestionadas por actos de corrupción o vínculos indebidos. “Los medios de comunicación no van a poder escribir una sola nota en contra de una mujer que ostente un cargo público”, dijo.

 “Se empobrece el debate y genera personas políticas de primera y de segunda por cuestión de género”. También ejemplificó con el caso de una alcaldesa que agradeció públicamente a líderes criminales, señalando que con el nuevo marco legal “ya no podría hacer esa crítica sin que se interprete como violencia mediática”.

La diputada Giulianna Bugarini respondió directamente a estos señalamientos y subrayó que el dictamen “viene bien salvaguardado”, al señalar expresamente que no constituyen violencia la elaboración de reportajes, notas periodísticas o expresiones mediáticas con fines informativos sobre hechos delictivos o asuntos de interés público. 

Recordó que la violencia digital “no es opinión, es agresión”, y que la libertad de expresión “protege la crítica, pero no la difamación, el hostigamiento ni la suplantación de identidad”. 

Afirmó que el proyecto distingue con claridad entre ejercicio periodístico y violencia digital, al tiempo que llamó a reconocer la necesidad de actualizar el marco legal ante casos de acoso y campañas coordinadas que han derivado incluso en suicidios.

Legisladoras de Morena, PT y PRD respaldaron el dictamen al destacar que la violencia mediática y digital es un fenómeno creciente que afecta de manera desproporcionada a mujeres y adolescentes. 

Durante la votación, varias diputadas señalaron que “el que está atrás de un celular escribiendo cosas tan crueles debería ser sancionado”, y recordaron que estos ataques generan afectaciones reales, desde daños emocionales hasta persecución persistente y acecho.

La reserva de Valencia fue desechada con 25 votos en contra y solo dos a favor. Al aprobarse en sus términos el dictamen completo, el Congreso incorporó las fracciones cuestionadas, así como todo el paquete de reformas que reestructura distintas secciones del Código Penal.

Esta reforma crea figuras nuevas, renumera capítulos y refuerza mecanismos de protección inmediata para víctimas. El decreto será elaborado y turnado al Ejecutivo estatal para su publicación y entrada en vigor.