Suma Michoacán 2 iniciativas contra injerencia en sindicatos

MORELIA, Mich., 26 de abril de 2026.- En las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación del Congreso del Estado se mantiene en análisis una reforma que busca tipificar y sancionar la injerencia de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos, en un escenario donde ya suman dos iniciativas con el mismo objetivo: frenar la intervención del poder público en la organización gremial.

La propuesta más reciente emana del PRD, y plantea adicionar el artículo 69 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, así como el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, para cerrar el vacío legal que actualmente no sanciona de manera expresa la intervención institucional en procesos sindicales.

El propio documento reconoce que, aunque la libertad sindical está prevista en el marco constitucional, en la práctica persisten conductas de presión y control desde el poder público que afectan la equidad en la contienda interna, la autonomía de las organizaciones y la libertad del voto de los trabajadores.

Para ello, se establece un catálogo detallado de conductas que constituirían injerencia sindical, entre ellas coaccionar o inducir el voto, condicionar servicios, apoyos o beneficios laborales, utilizar recursos públicos con fines de proselitismo, intervenir en procesos internos o favorecer candidaturas desde la estructura gubernamental.

De aprobarse, estas prácticas serían consideradas faltas administrativas graves, lo que implicaría sanciones directas para servidores públicos que incurran en ellas, bajo el régimen estatal de responsabilidades.

El tema no es aislado en la agenda legislativa. Apenas el pasado 7 de abril, el Congreso turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la primera iniciativa, que surgió desde la bancada de Morena, en busca elevar a rango constitucional la prohibición de la injerencia del Estado en la vida interna de los sindicatos.

Esa propuesta plantea modificar los artículos 137 y 148 de la Constitución local para establecer un “muro de contención” frente a cualquier intervención de autoridades en la organización gremial, incluyendo prácticas de control, coacción o condicionamiento laboral vinculado a la afiliación o participación sindical.

Además, incorpora el reconocimiento de la función docente comop  actividad de interés público y plantea que el Estado garantice su dignificación mediante un sistema de formación permanente, sin trasladar cargas adicionales a los trabajadores de la educación.

Ambas iniciativas coinciden en el diagnóstico: la intervención del poder público en la vida sindical sigue siendo una práctica vigente en Michoacán y no está suficientemente acotada. Sin embargo, difieren en la ruta. Mientras una apuesta por sanciones administrativas concretas, la otra busca blindar el principio desde la Constitución.

El fondo es político. Con dos iniciativas sobre la mesa, el Congreso tendrá que definir si realmente está dispuesto a desmontar los márgenes de control que históricamente han tenido los gobiernos sobre los sindicatos o si la autonomía sindical seguirá siendo un principio reconocido en el discurso, pero limitado en los hechos.